Si bien hasta los siglos centrales de la Edad Media existió una preferencia clara por las propiedades rurales, el extraordinario desarrollo urbano que se experimentó durante la segunda mitad de este período hizo que los bienes inmuebles emplazados dentro de los recintos amurallados de las ciudades fueran tomando importancia. De este modo, como afirma Collantes de Terán (2021), a finales de la Edad Media el número de propiedades urbanas que tenían como dueño un clérigo o institución eclesiástica era considerable. Así se desprende también de la documentación estudiada.

Las casas constituyen el bien por excelencia dentro del patrimonio clerical. El carácter eminentemente urbano de los clérigos estudiados los llevó a preferir la posesión de propiedades localizadas dentro de la ciudad en la que se hallaban insertos. Y es que, como apunta Pérez González (2009, 283), de este modo resultaba mucho más sencilla la supervisión y cumplimiento de diferentes contratos como los de arrendamiento, y la conservación de ese patrimonio urbano. Conservación que, además, podían compaginar con sus obligaciones religiosas sin tener que desplazarse para ello a zonas rurales más alejadas de la ciudad. Hemos documentado un total de 62 casas pertenecientes a clérigos que se reparten en la proporción que se aprecia en la figura 1.

Casi la mitad de estas propiedades (48,39 %) se concentraban en las collaciones de San Miguel y El Salvador. En el caso de la primera, la razón parece clara: la colmatación de las collaciones intramuros y el proceso de expansión que el arrabal de San Miguel estaba experimentando en los siglos XV y XVI pudo hacer que la oferta de esta zona de la ciudad fuera más atractiva e, incluso, más asequible, lo que, sin duda, se tradujo en rentabilidad. Para El Salvador los motivos son algo más difusos y la documentación no ofrece mucha información al respecto. La única certeza que poseemos es la presencia de la Colegial. No obstante, es probable que no existiera una razón definida para la preferencia de una u otra collación y que los clérigos fueran adquiriéndolas indistintamente donde se les ofrecía, o bien las heredaran de otros familiares.

En cuanto a la tipología de las casas, la documentación también resulta bastante parca en detalles. En este aspecto, destacamos el trabajo de Carlé (1982) y Ruiz Pilares (2021). Bajo la denominación general de «casas» en plural, se recoge una construcción de tamaño variable que estaría compuesta por una o diversas estancias entre las que se pueden encontrar palacios, soberados, corrales, porciones de solar, etc. Podemos completar la falta de información con los estudios de Passini (2004) y Soares de Albergaria (2010). No obstante, sí que tenemos noticia de algunas excepciones que arrojan algo más de luz sobre la naturaleza de ciertos inmuebles. Se trata de dos casas-atahonas, una en San Juan2 y otra en San Marcos,3 una casa-tienda en El Salvador4 y una casa-horno en San Marcos.5 Como sus nombres indican, constituían un híbrido que combinaba la casa residencial con un espacio dedicado a cierta actividad productiva. También hemos documentado una casa-solar en Santiago6 que estaría acompañada de una parcela de terreno libre para construir, algo muy frecuente en los arrabales extramuros de nueva construcción.

En el 85,48 % de los casos desconocemos las vías por las cuales las casas llegaron a manos de los clérigos, pues tenemos noticias de ellas bien por los negocios a los que las sometieron o bien por la descripción de los deslindes de otra propiedad. Tan solo en nueve casos (14,52 %) contamos con información al respecto. La vía más frecuente fue la compra. Hemos documentado a cinco clérigos que compraron casas, a saber: Luis de Canelas, que compró una casa en San Dionís por 4250 maravedís «horros de alcabala»7 (es decir, exentos de impuestos); Diego Martínez de Heredia, que adquirió unas casas en San Miguel en la calle de la Campana (Muñoz y Gómez 2010, 327) por 4500 maravedís;8 Fernando Gallego, que pagó 3345 maravedís por unas casas en San Dionís;9 Diego de Flores, que compró unas casas en El Salvador por 23500 maravedís;10 y Pedro Díaz de Armiñan que compró unas casas en San Marcos por 6000 maravedís.11 Las compras aparecen seguidas por las donaciones (tres casos), las cuales se realizaron por razones de parentesco, sobre todo entre padres e hijos. Así, Juana Sánchez donó al clérigo Diego Álvarez, su hijo, unas casas en Santiago en la calle Nueva12 y Juana Gómez de Trujillo hizo lo propio con el clérigo Juan Gómez de Argumedo, también hijo suyo, con unas casas-atahonas en San Marcos.13 Más curioso es el caso de Juana de Vega quien donó a su sobrino, Pero López de Lara, un solar con un pozo y unas casas-atahonas en San Juan que lindaban con otras casas del mismo con las que las mencionadas propiedades estaban unidas por un postigo.14 Finalmente, hemos registrado dos traspasos, el de una casa-solar en Santiago al clérigo Andrés Fernández, la cual lindaba con otras casas suyas,15 y otro del que apenas tenemos información más allá de su existencia.16

De una forma o de otra, la adquisición de estos bienes inmuebles se confirmaba con la toma de posesión. Apunta Pérez González (2001, 237) que, para el caso de Sevilla, no se ha conservado ningún documento relativo al clero que refleje este acto jurídico. En Jerez de la Frontera sí que contamos con algunos ejemplos (siete casos).17 Sin embargo, el rico ritual que para este tipo de actos se describe en otros protocolos sigue siendo muy escueto en el caso de los clérigos, lo que denota que la posesión fue directa. El único caso que nos ofrece algún dato es el del clérigo Pero Díaz, quien presentó al alguacil de las entregas un mandamiento del alcaide ordinario para tomar posesión de unas casas en San Mateo. Entonces, el alguacil lo tomó de la mano y lo introdujo en las casas.18

Hubo ocasiones en las que los inmuebles necesitaron algún tipo de obra o reforma por las que los clérigos debían pagarles una cantidad determinada. Sin embargo, el resultado de las obras no siempre resultaba satisfactorio o bien estas ni siquiera llegaban a realizarse, casos en los que el albañil debía devolver el dinero total o parcial al contratante. Esto fue lo que pasó con Ferrando Domínguez, quien debía al clérigo Pedro Díaz de Armiñán 4000 maravedís por cierta obra que no hizo en unas casas suyas. Se comprometió a pagar 850 maravedís a finales de julio, 1150 maravedís por san Miguel y el resto por Pascua de Navidad.19 Gracias a estas deudas, podemos conocer de forma indirecta algunas de las propiedades de los clérigos estudiados.

Para gran parte de los clérigos (53,22 %) solo hemos documentado la propiedad de una casa. Por su parte, los que poseían dos representan el 32,20 %, mientras que el 14,52 % restante corresponde a los que tenían al menos tres casas. No tenemos noticia de ningún clérigo que poseyera más de tres casas. Si lo comparamos con el caso sevillano en el que Pérez González (2001, 237) documenta a clérigos con hasta siete casas, no son cifras tan llamativas. Sin embargo, debemos tener en cuenta la menor entidad del núcleo urbano que estudiamos y la consiguiente reducción del poder adquisitivo clerical, derivado directamente de los diezmos recaudados entre la población. Los «grandes propietarios» jerezanos fueron Antón Hernández, Fernando Riquel y Juan Sánchez. El segundo era canónigo de El Salvador. Sin embargo, los otros dos, al contrario de lo que cabría esperar, eran simples clérigos que no documentamos adscritos a ninguna parroquia. Podemos apuntar, pues, que no siempre existía una concordancia directa entre el status eclesiástico y la situación económica en la documentación estudiada.

Por otra parte, hemos documentado seis casos en los que los clérigos fueron propietarios de otras construcciones destinadas al desarrollo de ciertas actividades económicas y/o productivas. En el 83,33 % de los casos nos referimos a las tiendas y en el porcentaje restante a un corral. Pero los clérigos parecen tener poco interés en este tipo de propiedades, pues requerían unos los conocimientos y especialización que solo podían poseer los trabajadores de determinados oficios. Del mismo modo, la ínfima proporción que estos bienes suponen respecto al total de inmuebles nos impide llegar a unas conclusiones más profundas al respecto.

Ciertos documentos de carácter excepcional20 nos hablan del mobiliario presente en las casas de los clérigos e, incluso, de la tenencia de objetos de gran valor en la época estudiada como los libros.21 Sin embargo, son los esclavos el bien mueble que más frecuente documentamos entre las posesiones del colectivo que nos ocupa. Afirma Franco Silva (1979, 284) que los clérigos fueron el grupo social que más esclavos poseyó junto con la nobleza, lo cual resulta lógico si tenemos en cuenta que gran parte de los miembros de las altas esferas eclesiásticas eran hijos segundones de la nobleza (Lop Otín 2005, 638). Entre los siete clérigos seculares jerezanos que tenían esclavos, al menos tres (42,86 %) pertenecían o estaban cerca de este alto clero, a saber, el canónigo Fernando Riquel, el beneficiado Fernando Gallego y el capellán Francisco Fernández.

Lo más recurrente es que los esclavos llegaran a manos de los clérigos a través de la compra. Una vez en su poder, era muy frecuente que se les asignara un nombre cristiano. En nuestro caso: Antón, Fernando, Juan, Isabel y Luisa. En lo relativo a los precios, se trata, generalmente, de sumas de dinero elevadas que no estaban al alcance de todos los bolsillos, las cuales oscilan entre los 1500 y los 12750 maravedís. Salvo en un caso, observamos que las mayores cifras se pagaban por mujeres jóvenes, lo cual detona la naturaleza doméstica de los trabajos que sus amos clericales les impusieron.

¿Cuáles eran las características de estos esclavos? La esclavitud en Jerez de la Frontera ha sido estudiada en profundidad por Abril Fuentes y Mingorance Ruiz (2012, 2013). Del total de ocho esclavos documentados, seis eran mujeres (66,67 %) y tres hombres (33,33 %), con una edad que oscila entre los 27 y los 5 años. La mayoría eran de raza negra (55,56 %), provenientes de Guinea, documentándose solo un caso en el que el esclavo era loro (11,11 %). Del resto de casos, no tenemos detalles sobre su origen. Las características físicas de los esclavos, además de influir decisivamente en su precio, eran determinantes a la hora de identificarlos, sobre todo en el caso de una posible huida. Es por ello que la documentación relativa a los mismos suele ser muy prolija en detalles. Así, sabemos, por ejemplo, que el esclavo de Fernando Riquel estaba herrado en la cara,22 y que la esclava de Pero López de Lara era de mediana estatura.23

También documentamos esclavos en los testamentos de determinados los clérigos, los cuales, al final de su vida, quisieron recompensar los buenos servicios de los mismos concediéndoles la libertad total o parcial. Ello constituye una prueba de las positivas relaciones que algunos amos mantuvieron con sus esclavos. Este fue el caso de Alfonso de Vanades, capellán de San Miguel, concedió la libertad a su esclava Isabel y, además, le donó una cama con ropa por valor de 1500 maravedís. Para lograrla tendría que servir a su madre hasta el final de su vida y, en caso de que la esclava «no usare de virtud», tendría que servir a su hermana cinco años más.24 Como vemos, se trata de una manumisión condicionada que, aun libre, seguía sometiendo a la esclava a la voluntad de su amo.

Teniendo en cuenta que los bienes inmuebles y más concretamente las casas constituían la posesión más usual en el patrimonio del clero secular jerezano, no resulta extraño que la mayor parte de las actividades económicas en las que estos individuos se involucraron estuvieran relacionadas con el mercado inmobiliario. Como señala Collantes de Terán (1988, 494-495), la documentación notarial, a la vez que resulta tremendamente útil para el estudio de los negocios a los que se sometían dichos inmuebles durante los siglos analizados, presentan dos grandes dificultades. Por un lado, la ingente cantidad de documentos que hay que consultar y, por otro, el silencio que los protocolos guardan en muchos casos sobre aspectos clave para el estudio completo del mercado inmobiliario (características del inmueble, dimensiones, ubicación concreta, etc.) (Collantes de Terán 2007, 2021).

Al igual que sucedía en otros núcleos urbanos de entidad como Sevilla (Pérez González 2009, 284-285) y Córdoba (Sanz Sancho 2006, 513), el negocio más frecuente al que los clérigos sometían las casas era el arrendamiento. Hemos documentado un total de veinte arrendamientos efectuados por clérigos seculares. Casi la totalidad de ellos tienen como objeto una casa completa. Solo en un caso se arrendó una parte de una casa, a saber, un palacio perteneciente a las casas de Martín de la Parra en San Miguel.25

Al contrario de lo que sucedía con grandes instituciones, que preferían suscribir contratos de larga duración para garantizar unas rentas seguras y estables sin necesidad de nuevos contratos ni revisiones constantes de las propiedades (Pérez González 2017), los clérigos seculares que actuaron a nivel individual se decantaron por contratos de corta duración: un año (13 casos – 65 %) y dos años (tres casos – 15 %). La razón parece clara y es que este sistema hacía posible la revisión constante y permanente de los contratos. Ello denota dos tendencias fundamentales: por un lado, la mentalidad mercantilista predominante entre unos clérigos, que buscaban sacar el mayor beneficio posible de sus propiedades (recordemos el arrendamiento parcial anteriormente expuesto); por otro, un control exhaustivo de su economía, posible gracias a su dedicación profesional que les dejaba tiempo para ocuparse de sus negocios personalmente y llevar una cuenta detallada de los mismos (Pérez González 2009, 284).

Las rentas, en dinero o en dinero y especie, se pagaban de forma mayoritaria por los tercios del año (60 %), es decir, por Carnestolendas (febrero o marzo, en función de la fecha de inicio de la Cuaresma), san Juan (junio) y Todos los Santos (noviembre). No obstante, en dos arrendamientos el pago se efectuó al completo en una fecha concreta, san Juan y Pascua de Navidad. Solo en un caso el pago se hizo por trimestres dadas las particularidades del mismo. Se trata del arrendamiento de unas casas en San Marcos por parte del canónigo Fernando Riquel. El contrato se suscribió el 25 de agosto de 1517 y se mantuvo en vigencia hasta el día de san Juan de 1518. Al poseer una duración menor a un año, los pagos tuvieron que ajustarse para que cuadraran dentro de los 10 meses aproximados que iba a durar el arrendamiento. De este modo, la arrendataria se obligó a hacer tres pagas: una a los tres meses y 10 días después de la firma, otro tres meses y 10 días después de la primera paga, y otra a los tres meses y 20 días después de la segunda paga.26

Todos los clérigos documentados suscribieron los contratos de forma directa, sin necesidad de remates, pregones ni licencias eclesiásticas. El control de estos arrendamientos por parte de los clérigos debió de ser concienzudo y minucioso, pues casi no hemos registrado documentos con deudas e impagos. Prueba de ello es el pleito en el que se embarcó el clérigo Antón Rodríguez para conseguir que su inquilino dejara libres unas casas que le tenía alquiladas en San Dionís.27 La única excepción la encontramos en el testamento del clérigo Juan Gómez del Pico, a quien le debían dos ducados de oro de la renta de una casa en San Miguel correspondientes al «tiempo de la pestilençia».28

Otro negocio al que los clérigos seculares sometieron las casas que poseían en propiedad fue la venta. En este caso, no se aseguraba una renta constante ni de forma prolongada como en el caso de los arrendamientos, pero era posible obtener cantidades de dinero considerables de una forma más o menos rápida con las que podían invertir en nuevas propiedades y negocios, o hacer frente a necesidades. Tenemos noticia de un total de ocho ventas. El poder adquisitivo de muchos de los clérigos documentados (62,5 % de los clérigos vendedores) nos lleva a inclinarnos por la primera opción, pues entre ellos tenemos a dos canónigos, un capellán y un cura. En cuanto a las cifras obtenidas, oscilan entre los 2176 y los 30000 maravedís. No en vano, el 75 % por ciento de los precios de venta superaron con creces los 10000 maravedís. Es por ello que los inmuebles debieron tener un tamaño considerable y/o encontrarse en una zona valorada de la ciudad.

Se trata de otra de las actividades económicas más frecuentes entre los clérigos seculares jerezanos. ¿En qué consistían estos censos? Desde fines del siglo XV existían dos supuestos básicos para el desarrollo de los sistemas de crédito: el propietario que necesitaba dinero y el capitalista que deseaba hacer fructificar los ahorros monetarios de que disponía. En estos momentos la normativa de la Iglesia sobre la usura había sobrepasado ampliamente los límites establecidos por el Derecho canónico (Veraja 1960). Como sostiene Schnapper (1957), para no caer en un uso ilícito del dinero se difundieron los censos consignativos que, aunque desde una perspectiva contractual presentaban las características de un contrato de compraventa, en la práctica se convirtieron en una excelente fórmula de desarrollo del crédito. Mediante los mismos se prestaba dinero para recibir lo prestado en cantidad superior a través de la entrega diferida. Nos referimos a lo que Clavero Salvador (1977) califica como medios simulados in fraudem usurae. Pero las primeras formas de crédito fueron fórmulas de inversión de capitales que, con una función similar a la que los juristas denominan mutuo oneroso o préstamo con interés, no podían ser calificadas como tal porque no se exigía la devolución del capital en un período concreto (Drendel 2004).

Se trataba de una operación, jurídicamente regulada por distintas bulas pontificias promulgadas en la segunda mitad del siglo XV (Platanica 1982, 210-214), según la cual un propietario de un inmueble constituía una renta urbana y la vendía a cambio de una cantidad de dinero en efectivo. En un primer momento el inmueble no cambiaba de propietario dado que el censualista que compraba, o más bien prestaba el dinero, tenía derecho a recibir un canon anual a perpetuidad, pero carecía del ius pleno sobre dicho inmueble. En la operación, el propietario conseguía la cantidad de dinero líquido que precisaba, capital que habría de devolver empleando la pensión generada por la propiedad hipotecada. Esto es lo que Furiò (2005, 429-430) denomina super quodam, hospicio vestro. Por su parte, el comprador o prestamista efectuaba una inversión de capital de la que iba a percibir anualmente unos ingresos, pero no la devolución del principal.

Según Carvajal de la Vega (2017, 26-27), la fórmula en sí misma no se puede considerar como un auténtico préstamo de capital, puesto que en este se exigía el reembolso del capital en un tiempo determinado y, en el caso de la compra de rentas, el censatario o vendedor recibía el capital para siempre sin la obligación de devolverlo en un plazo concreto (Almeida Costa 1961). Si la cantidad prestada era restituida, el acreedor renunciaba a sus derechos sobre el inmueble, dado que producía una cancelación o redención del mismo. En ocasiones, como recoge Iradiel (2007, 407), los censos consignativos con fianza inmobiliaria se convertían en locaciones y ventas ficticias, por lo que en numerosos casos no es fácil reconstruir las distintas fases de la operación crediticia.

Hemos documentado un total de 22 censos en propiedad de clérigos, ya fuera por institución directa o por otras vías, los cuales se repartían por el tejido urbano en la proporción que se muestra en la figura 2. Era frecuente, por ejemplo, que se donara un censo a un clérigo a través de una manda testamentaria (dos casos). Dicha donación podía ser libre o condicionada. En el segundo de los casos, el clérigo debía hacer algo por el testador a cambio de la recepción del censo. Así sucedió con Pedro Martínez, quien heredó de Leonor de Trujillo 1500 maravedís del censo que el clérigo tendría que situar sobre sus casas en San Juan, de los cuales le corresponderían 730 maravedís anuales por la operación. El resto sería repartido de la siguiente manera: 600 maravedís a los clérigos de San Juan para costear cuatro remembranzas por el alma de la difunta, 136 maravedís para la Merced con los que se tendrían que financiar otra remembranza y 34 maravedís para la cera del Sagrario de la parroquia de San Juan.29

Como sucedía con las casas, había clérigos que poseían más de un ceso. Llama poderosamente la atención el caso de Juan Marín, propietario de hasta seis censos, de los que no tenemos más información debido al deterioro de la documentación.30 Por detrás, con dos censos, lo siguen los clérigos Juan Martín,31 Luis de Estopiñán32 y Pero Díaz.33 Además, la propiedad de los censos también podía ser compartida. Esto fue lo que sucedió entre Alonso Cordero y el emparedamiento de la parroquia de El Salvador, encabezado por su hermana, la emparedada María Cordera.34 No sabemos qué proporción de los 700 maravedís de renta correspondía a cada parte, pero intuimos que el origen del censo podría estar en una herencia familiar recibida por los dos hermanos, habiendo sido la parte correspondiente a la emparedada sumada al patrimonio del emparedamiento.

La propiedad hipotecada en la mayor parte de los censos estudiados es una casa (95,45 %), habiéndose documentado solamente un caso en el que el censo se situó sobre un molino de aceite en San Marcos.35 De una forma o de otra, los bienes garantes aparecen salpicados por toda la ciudad sin que parezca existir una preferencia por algunas zonas concretas de la misma.

Salvo un caso en el que el pago en dinero fue acompañado con gallinas,36 todas las rentas se cobraban en dinero y en fechas concretas, al igual que sucedía con los arrendamientos. Sin embargo, en el caso de los censos, el pago por los tercios del año parece menos frecuente, concentrándose toda la cantidad que pagar en momentos concretos del año, los cuales coinciden, no obstante, con alguno de los mencionados tercios: san Juan (tres casos), la mitad en san Juan y la mitad en Pascua de Navidad (dos casos), y Todos los Santos (un caso).

Aunque el censo en sí constituyera una fórmula financiera a través de la cual se prestaba dinero sin caer en la usura, al tratarse de un derecho que se adquiría sobre un bien podía ser susceptible de otros negocios paralelos. El más frecuente fue la venta, total o parcial (cuatro casos), a partir de la cual el clérigo vendió el derecho al cobro de la renta a otra persona a cambio de una suma de dinero que podría ser similar a la prestada en origen. Los precios de venta documentados oscilaban entre los 4000 y los 50000 maravedís. En otro caso, protagonizado por Pero Díaz, el censo fue traspasado a otra persona de forma temporal, por un período de un año, a cambio de 4250 maravedís.37

Como ya hemos apuntado al hablar de los censos, la práctica de la usura estaba condenada por la Iglesia tanto en laicos como en clérigos. Sirvan de ejemplo algunos sínodos como el de Segovia de 1216 (García García 1984, VI, 356) o el de Santiago de 1259: «Clerici usuras non exerceant aliquo modo» (García García 1984, I, 270). Sin embargo, tal y como demuestran estudios como el de Pérez González (2009, 291-292) para Sevilla o Coria Colino (1983, 243-358) para Zamora, las prohibiciones no se respetaban. Prueba de ello, es su repetición en los sucesivos sínodos y concilios. El caso jerezano no dista mucho de los mencionados y es que entre la documentación estudiada hemos hallado ocho ocasiones en las que los clérigos actuaron como prestamistas. Apunta Pérez González que en el caso hispalense solo uno de los doce ejemplos de esta naturaleza habla abiertamente de «préstamo». Contrariamente, en Jerez todos ellos mencionan que ha existido un préstamo si bien, al igual que sucede en Sevilla, o no hacen referencia a la cantidad total prestada, o no consignan la cantidad completa que devolver porque ya se ha devuelto una parte. Se oculta de este modo el interés cobrado por el prestamista y, por tanto, la usura. No tendría sentido, pues, otorgar ante notario un préstamo que se hace por «amor e buena obra»38 y del que el prestador no va a obtener beneficio alguno.

Dichos préstamos podían efectuarse en dinero (75 % de los casos) y en especie (25 % de los casos). Tenemos noticia de los mismos bien a través de las deudas generadas, las cuales en algunos casos quedaron sin pagar y tuvieron que ser declaradas por los afectados en sus testamentos para que sus albaceas y herederos se hicieran cargo de la cobranza. Así sucedió con los clérigos Sancho Díaz39 y Alfonso de Vanades.40 Este último debía ejercer con frecuencia la actividad que nos ocupa, pues en el momento de su muerte tenía pendientes de cobro al menos tres préstamos de diferente naturaleza y envergadura.

En cuanto a las cantidades prestadas son muy variables: 60 reales,41 15000 maravedís,42 2600 maravedís,43 1000 maravedís,44 22 maravedís,45 40 fanegas de trigo46 y dos cahíces de trigo.47 En caso de impago, se procedía al embargo de la parte de los bienes del prestatario equivalente a la deuda, como se demuestra en el requerimiento presentado por Tomás Sánchez, procurador, en nombre del clérigo Juan Marín, a Fernando García de Gatica por no haber saldado su deuda en los plazos fijados.48

También hubo clérigos que, por motivos que desconocemos, pidieron préstamos. Así sucedió con Alfonso Román Visco, quien se comprometió a pagar a Teresa de Torres el día de año nuevo de 1493 los 3750 maravedís que esta le había prestado.49 Otros optaron por salvaguardar su posición, solicitando el préstamo a través de un tercero. Este fue el caso de Juan Benítez Carbonero, quien pidió a Diego López, candelero, que obtuviera del mencionado Alfonso de Vanades la cantidad necesitada.50 Esta ocultación nos muestra que muchos clérigos eran conscientes de que estaban ejerciendo una actividad penada por la Iglesia y, de forma indirecta, nos confirman la existencia de algún tipo de interés no recogido en la documentación. De otro modo, habría sido innecesario actuar con tales precauciones.

La Iglesia condenaba la práctica del comercio por parte de los clérigos, como demuestran diversos sínodos y concilios. El Sínodo de Segovia de 1325, c. 80, indicaba que los clérigos «non se deven entremeter en negocios seglares o en mercaduras, por ende establesçió el papa Clemente V51 […] onde el clérigo non debe comprar nada para revender e para ganar en ello» (García García 1984, VI, 350) pues «esto non pertenesçe a su honestat». Una prohibición similar encontramos en el Sínodo de Tuy de 1482, c. 23, donde se califica como «oficiçios viles e profanos» a la compraventa de mercaderías (García García 1984, I, 362).

Sin embargo, como constatamos en el estudio de la documentación, estas prohibiciones, al igual que tantas otras, nunca llegaron a cumplirse y numerosos clérigos participaban, aunque de forma puntual, en la venta de determinadas mercancías. Las más frecuentes solían ser las agrícolas, sobre todo el vino y la cebada, procedentes, intuimos, de las propiedades rurales que obraban en posesión de los mencionados clérigos. De ello nos hablan las deudas, compromisos de pago y quitos que se otorgaron en las escribanías públicas de la ciudad. En 1517, Gonzalo Martín Granado pagó los 2536 maravedís que debía al canónigo Martín de la Parra por tres cahíces de cebada.52 Cuatro fueron los cahíces de cebada por los que Alonso Tejero debía Francisco García 2440 maravedís.53 Un año más tarde Payo Patiño debía al clérigo Pero López de Lara 13000 maravedís por cierto trigo que le compró.54 La mayor deuda la documentamos en 1520, cuando Antón García del Pecho pagó a Francisco Fernández los 46000 maravedís que le debía por cierto trigo.55

Muy habituales también en el caso jerezano son los negocios relacionados con el vino en cualquiera de las fases de su producción (Pérez González y Mingorance Ruiz, 2020, 2022). Vinculada al sector primario tenemos la compra de uva en el Pago de Aína que en 1515 efectuó Cristóbal Merchante.56 Una vez cosechada, acordó con un carretero la traída diaria de dos carretadas a partir del 12 de octubre y hasta su transporte total, pagándole por cada una dos reales de plata, además de dos ducados de oro antes de comenzar el servicio. Posteriormente, se dedicaban a vender estos productos en la ciudad, como demuestra el débito de 7000 maravedís que Juan de Albarrán y María de Morales, su mujer, acumulaban con Juan Martín por la uva y el esquilmo de tres aranzadas de viñas.

Extraída la materia prima, el sector secundario se ocupaba de la elaboración del vino propiamente dicho, el cual debía ser almacenado para su posterior distribución y venta. Para ello, el canónigo Martín de la Parra adquirió en 1516 a Fernando Çerfate, mercader, 30 marcos de botas para usarlo en las siguientes vendimias.57 Finalmente, el vino era comercializado por trabajadores del sector terciario como Jácome de Valdomel, mercader flamenco vecino de Cádiz que, durante su estancia en Jerez, compró ciertos vinos al clérigo Martín García. Por dicha compra le debía la considerable suma de 24750 maravedís, de los cuales se comprometió a pagar 10500 antes del 1 de junio de 1517 y los 14250 restantes antes del día de san Miguel del mismo año.58

Pese al escaso interés de los clérigos por el ganado, también supieron encontrar beneficios al comercio de animales. Son nuevamente las deudas las que nos dan indicios sobre ello: a Juan Benítez le debían 15200 maravedís de la compra de 16 novillos,59 a Pedro Díaz del Espino 1625 maravedís por un buey que vendió,60 y a Pero Bueno siete ducados de oro por un caballo castaño, ensillado y enfrenado que le compraron.61

Hay casos en los que los clérigos, conscientes de las prohibiciones existentes, trataron de mantener la discreción sobre su participación en determinadas actividades. Una fórmula recurrente es la de alegar una deuda por cierto «contrato público» sin declarar abiertamente la naturaleza del negocio. Bajo esta ambigua denominación se recogen los cinco ducados de oro que Diego Gil esperaba cobrar en 1515,62 los 1630 maravedís que se debían a Juan Palomino,63 los 4700 maravedís que recibió Martín García en 1516,64 y los 14000 maravedís se pagaron Pedro de Vera en 1517.65 Por su parte, Catalina Martínez murió en 1489 sin saldar una deuda de esta naturaleza con el beneficiado Domingo Granado, por lo que encargó a sus albaceas que cumplieran con el pago de sus bienes.66 Igualmente sospechosa es la deuda que Pedro de Maya contrajo con el clérigo Juan Martín, al que debía 36 colmenas vivas y 1300 maravedís de una renta «que no se puede decir».67

Finalmente, poseemos evidencias de la participación del clero secular jerezano en el mercado de esclavos. La venta es el negocio más frecuente al que los clérigos registrados sometieron a sus esclavos (cuatro casos). Hubo ocasiones en las que se vendieron en lote. Las razones de parentesco pudieron ser las que empujaron a Pero López de Lara a vender a su esclava Luisa, negra guinea de 15 años, junto con su hija de cuatro o cinco años, por las que recibió la nada desdeñable cantidad de 13200 maravedís.68