El presente artículo tiene como objetivo demostrar que después de la expulsión de los jesuitas de la monarquía hispánica en 1767, dentro del obispado de Michoacán, se fortalecieron las instituciones del clero secular en su capital Valladolid. Lo anterior se llevó a cabo a partir de una estrategia política de centralización y reestructuración de la educación en donde el rey, por medio del poder que le otorgaba el regio patronato, reforzó su alianza con los obispos para tener un mayor control administrativo sobre la educación en la capital. Así, los prelados buscaron eliminar en lo posible todo rasgo de competencia educativa con otras corporaciones en el resto de la diócesis y vindicar su presencia en Valladolid.1

De esta manera, después del extrañamiento, existió una fuerte tendencia por parte de los obispos de consolidar y crear nuevos colegios pertenecientes al clero secular en la capital en detrimento de las otras ciudades del obispado de Michoacán. Dichas instituciones vallisoletanas fueron el colegio de San Nicolás (1580), el seminario conciliar (1770) y el colegio correccional de clérigos de San Francisco Xavier (1773). Para sostener dicha concentración de poder educativo, los prelados fungieron como agentes relevantes en oponerse a la reapertura de los antiguos colegios jesuitas que no se encontraban en la capital durante casi todo el siglo XVIII, a pesar de la presión que ejercieron los ayuntamientos y algunas diferencias que llegaron a tener con la Corona, sobre todo en torno a la posible fundación de un seminario conciliar en San Luis Potosí.2 Asimismo, al tener prohibido utilizar el dinero que generaban las temporalidades,3 se valieron de las obras pías y dotación de cátedras de los ex colegios jesuitas de otras ciudades para el funcionamiento de las instituciones de la capital.

A partir de esta información, y después de haber revisado fuentes de archivo en México, España y Chile, me pregunto ¿cuáles fueron los motivos para ralentizar el proceso de reapertura de muchos de los antiguos establecimientos jesuitas en Michoacán? ¿Por qué Valladolid abrió al poco tiempo después de la expulsión y los otros colegios de la diócesis de Michoacán no? ¿Existió algún interés particular en que continuaran cerrados o solo se debió a falta de fondos? ¿En qué medida la no apertura de ex colegios jesuitas en Michoacán tuvo como objetivo fortalecer las instituciones educativas del clero secular en Valladolid? Como se verá en el artículo, postergar la reinauguración de los colegios fuera de la capital tenía un trasfondo político, y los prelados utilizaron el pretexto de la falta de capital para que permanecieran cerrados hasta 1796, diez años después de la instauración de las intendencias, cuando abrió sus puertas en Guanajuato el segundo ex colegio jesuita del obispado.

Para dar posibles respuestas a las preguntas anteriores, situé la investigación dentro del contexto de reformas borbónicas e influjo de la Ilustración católica en la Nueva España, poniendo especial atención a la política de secularización eclesiástica dentro de la educación,4 promovida desde la metrópoli, así como su respuesta en el virreinato y la diócesis. A lo largo del artículo, se demostrará cómo los prelados michoacanos, al seguir los mandatos de la Corona, utilizaron su autoridad para que las dotaciones de cátedras y obras pías sirvieran para satisfacer las necesidades económicas y materiales de las tres instituciones clericales de la capital.5

Para demostrar el proceso de injerencia del clero secular en el obispado, de forma cronológica, analizo en un primer momento la situación de los colegios jesuitas desde la orden de secularización de doctrinas emitida por Fernando VI en 1749, y cómo afectó a las instituciones educativas michoacanas, hasta la expulsión llevada a cabo en 1767. Después, indagué cómo una vez que se llevó a cabo el extrañamiento, inició la centralización educativa promovida por el rey y los prelados en las tres instituciones ya mencionadas en Valladolid, primordialmente el seminario conciliar. En el siguiente apartado analicé la ocupación de las temporalidades de Michoacán, las discusiones llevadas a cabo en diferentes ámbitos en torno al posible destino que podrían tener y las barreras que impuso la mitra para su refundación, al mismo tiempo que se reforzaban los colegios vallisoletanos pertenecientes al clero secular. Finalmente, cierro con la instauración de las intendencias, la disminución del poder de los prelados michoacanos, y la institución del colegio de la Purísima Concepción de Guanajuato en 1796, bajo la administración de los filipenses, localizando en el inmueble que perteneció al antiguo colegio jesuita, y sede de la capital de una intendencia. Este hecho puso fin a la política educativa de los prelados de privilegiar a Valladolid.

El motivo de haber escogido el obispado de Michoacán para estudiar la secularización de los ex colegios jesuitas se debe, en primer lugar, a que fue la tercera diócesis más relevante y rica de la Nueva España; además, porque representa una región donde la historiografía borbónica de corte eclesiástico ha prestado especial atención. Así lo evidencian varios trabajos, entre los que se encuentran los de Germán Cardoso Galué, Óscar Mazín y David Brading, quienes han demostrado el interés de analizar las reformas eclesiásticas promovidas por la Corona a partir del caso concreto del obispado de Michoacán.6

Sin embargo, a pesar de la cantidad de estudios que se han preocupado por investigar la historia de la Iglesia michoacana, son pocos los que se centran en el proceso de secularización de la educación en la diócesis, y no hemos encontrado alguno que se enfoque en la nueva administración que tuvieron los antiguos colegios jesuitas de Michoacán.7 Por esta razón, el que sea un tema tan poco investigado, a pesar del enorme impacto que significó la expulsión en la educación virreinal,8 decidí adentrarme en la incógnita y averiguar qué pasó con los colegios jesuitas michoacanos después del extrañamiento y por qué hay tan pocos estudios sobre ellos.

Después de indagar al respecto, conjeturé que continúa siendo un tema tan pobremente tratado en gran medida debido a la forma en cómo se ha abordado. Los pocos estudios que se han hecho sobre el destino de los ex colegios jesuitas en la Nueva España, se han centrado primordialmente en la nueva función que adquirieron los que pudieron reabrir, sin cuestionarse las razones que existieron para que una cantidad considerable no lo hiciera y a las causas por las que no retomaron actividades. De esta forma, al considerar que el único colegio en abrir en Michoacán antes de 1796 fuera el de Valladolid, dirigí mi investigación en averiguar las razones por las que la mayoría no lo hizo. Con ello, tuve la hipótesis de que no se les dotó de un nuevo fin debido a que existía un proyecto de mayor envergadura que tenía el rey, con ayuda de los obispos, en torno a la centralización educativa en las capitales diocesanas.

La historiografía ya ha dado algunas pistas sobre este proyecto de la metrópoli con los antiguos bienes jesuitas novohispanos. Ha estudiado las antiguas instituciones de la Compañía como parte de un fuerte proceso de concentración de poder de la monarquía española, que buscaba debilitar a las órdenes religiosas y eliminar su intervención en la educación dentro de sus territorios, al pasar a formar parte del monarca y ser administradas por el clero secular.9 Todo parece indicar que no existen estudios todavía que traten el fin que tuvieron los ex colegios del obispado de Michoacán, aunque hay casos puntuales que analizan la reapertura de algunos de ellos, particularmente Guanajuato.10

El que Guanajuato sea el colegio más estudiado de la diócesis resulta llamativo, ya que todo apunta a que, junto con el vallisoletano, fue el único de Michoacán que retomó actividades en el siglo XVIII. La razón por la que solo abrieron estos dos todavía no ha despertado el interés de los historiadores; por ello, las pistas que tenemos hasta el momento las extrajimos de estudios que tratan el restablecimiento de ex colegios en otros lugares del virreinato, las cuales extrapolo al obispado de Michoacán.

En este sentido, Gerard Decorme explica qué pasó con las instituciones jesuitas desde un punto de vista apologético. En 1941 afirmó que la salida de la Compañía de Jesús de la Nueva España dejó un cataclismo educativo completo en el virreinato, pues fueron innumerables los colegios que cerraron indefinidamente, entre los que se encontraban todos los pertenecientes al obispado de Michoacán, sin ahondar más en los detalles.11 Años más tarde, la historiadora mexicana Dorothy Tanck fue mucho más precisa, pues aseguró que alrededor de 1778 todavía quedaban muchos edificios de ex colegios sin una función asignada, entre ellos los de Celaya, León y San Luis Potosí, aunque le faltó mencionar a Guanajuato y Pátzcuaro.12 No obstante, la autora no se cuestionó las razones por las que no tenían un destino asignado todavía.

Mucho más recientemente, el historiador Óscar Mazín ofreció una veta de análisis más puntual para explicar el reacomodo educativo del obispado, al afirmar que la creación del seminario tridentino de Valladolid en 1770 ayudó a compensar las lagunas que había dejado la clausura de las siete instituciones jesuitas michoacanas.13 Partiendo de la base que expone Mazín, al analizar las discusiones en torno a la ocupación que debían tener los ex colegios jesuitas de la diócesis de Michoacán, noté que todas apuntalaban a la ambición de los prelados por robustecer las instituciones educativas del clero secular en la capital, negando el deseo de los ayuntamientos para que sus antiguos colegios volvieran a actividades.

Así, tomando en cuenta la interacción que existió entre Madrid, la Ciudad de México y Michoacán, donde distintos personajes e instituciones —entre ellos obispos, ayuntamientos y juntas de temporalidades— discutieron y respondieron de forma diferente a los designios de la Corona sobre el nuevo destino que había que otorgarle a los antiguos colegios, analizo la política de secularización educativa en el territorio michoacano y el fortalecimiento de las instituciones del clero secular en la capital. De esta forma, se demostrará cómo, más que el desastre educativo que menciona Decorme, lo que existió fue una política de reorganización pedagógica en el obispado, como parte del proyecto de reformas que tenían los Borbones sobre sus territorios americanos.

Si bien la secularización de doctrinas por parte de la Corona fue un tema que se discutió desde el siglo XVI, vivió su momento más álgido hasta 1749, cuando el monarca Fernando VI ordenó transferir su administración a los clérigos con la cédula de secularización del arzobispado de México, cuyo objetivo era consolidar la iglesia diocesana y debilitar al clero regular.14 Para ese momento, el obispado de Michoacán abarcaba un área de 175 000 km², en los actuales estados de Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, parte de Jalisco y Colima, que incluía tres áreas con características geográficas y culturales muy diferentes: el potosí novohispano, el valle de los chichimecas en el Bajío y el Michoacán nuclear de los tarascos.15 Dentro de ese territorio, la Compañía de Jesús contaba con seis colegios y un seminario, de los veintiséis que tenía a lo largo de la Nueva España.16

Tiempo después de haberse erigido la diócesis de Michoacán en 1536, la Compañía de Jesús se estableció primero en la zona nuclear de los tarascos. En 1574 fundó la misión de Michoacán en Pátzcuaro, donde impartió primeras letras y gramática; después pasó a ser una residencia supeditada al colegio de Valladolid (1578), el cual enseñó lengua tarasca, gramática y artes.17 También en el siglo XVI, se fundó San Luis de la Paz como base de operación de misiones (1590), que al tener rentas después adquirió la categoría de colegio, pero no ofreció enseñanza.18 En el siguiente siglo, la orden religiosa solo fundó el colegio de San Luis Potosí en 1625, donde impartió letras y gramática, después de que tres benefactores —Juan Zavala, su mujer, y la cofradía de la Santa Veracruz— le donaran a la Compañía terrenos para erigir su iglesia, una dotación de 50 000 pesos, la hacienda de la Parada y los censos que dejó el presbítero Felipe Chagoyan.19

A inicios del siglo XVIII, dentro de la diócesis solo faltaba el área chichimeca del obispado en tener colegios jesuitas que ofrecieran enseñanza. Como consecuencia del crecimiento económico del Bajío, debido a la industria minera y a la demanda de sus élites, en esta área se dio la mayor concentración de dichas instituciones del territorio: el primero fue el de Celaya (1721), cuando un señor llamado Manuel de la Cruz Sarabia, descendiente de una familia de hacendados del Bajío,20 lo dotó con una casa y tres haciendas de riego. Después se unieron las congregaciones de Dolores y la Buena Muerte, y obras pías que ayudaron a sostener al colegio que solo impartía primeras letras y gramática.21 Una década después, el cura Nicolás Aguilar Ventosillo fundó la residencia de León (1731) —respaldada por una real cédula del monarca, y el beneplácito del virrey y la Audiencia— a la que ofreció cuatro haciendas; sin embargo, seguramente tuvo muchas dificultades para consolidarse, pues estuvo a punto de la bancarrota en 1742 y obtuvo el título de colegio hasta 1760, donde los jesuitas enseñaron gramática.22 En 1744 la Compañía fundó el colegio de Guanajuato, uno de los últimos en establecerse en la provincia, y fue tan corta su duración, debido a la expulsión ocurrida en 1767, que únicamente pudo impartir primeras letras, gramática y artes por un corto período de cuatro años.23

Finalmente, la última fundación jesuita de la diócesis fue el seminario de Santa Catarina de Pátzcuaro (1751), que, apoyado por los vecinos de la ciudad y bajo patrocinio real, tuvo el objetivo de restablecer la enseñanza de filosofía y teología moral en la ciudad, pues hasta ese momento únicamente impartía estudios de gramática.24 El seminario tuvo la aprobación del rector del colegio de Pátzcuaro, Andrés de la Fuente, y del obispo de Michoacán, Martín de Elizacoechea, quien otorgó 2000 pesos para su creación; también del vicario del obispado José Antonio Ponce de León, quien ofreció 6000 pesos para la cátedra de teología moral y 4000 para la cátedra de filosofía u otras necesidades del colegio.25

Como podemos observar, a mediados del siglo XVIII, existía una notable descentralización de colegios en Michoacán, al mismo tiempo que los vientos de secularización se hacían presentes en ellos. Después del fuerte golpe que sufrieron los mendicantes en 1749, se estaba consolidando también una estrategia de robustecimiento del clero secular en la educación del virreinato. Dentro de la diócesis de Michoacán, los prelados tenían una notable influencia en algunos colegios jesuitas, que se reafirmó después de la expulsión, como veremos más adelante. Además, para ese momento, solo el colegio de San Nicolás, originalmente un convictorio de estudiantes en formación para convertirse en clérigos, administrado por el cabildo de la catedral, comenzó a impartir cursos de filosofía y teología escolástica en 1712, mientras que ningún colegio jesuita del obispado ofreció este último saber. La razón, muy probablemente, se debe a la presión de los prelados por no perder el monopolio de su enseñanza.26

Lo anterior resulta llamativo, ya que, a pesar de haber sido un obispado con un alto grado de urbanización, donde varios colegios jesuitas impartieron filosofía en distintas ciudades, ninguno enseñó el saber máximo, es decir, teología escolástica. En el catálogo trienal de 1764 se observa que los colegios de todas las ciudades impartían gramática, y los de Guanajuato, Valladolid y Pátzcuaro —que representaban la mitad— tenían un profesor de filosofía, cuyos alumnos después se graduaban en la Real Universidad de México. Por último, el seminario de Santa Catarina de Pátzcuaro ofrecía teología moral, característico de la enseñanza de los colegios medianos novohispanos.27

Por su parte, los colegios de la diócesis también tuvieron diferencias en su tipo de fundación. Santa Catarina fue el único que se fundó con patronato de la Corona, por lo que obtuvo los privilegios de un seminario real, no perteneció a la Compañía y los jesuitas lo administraban.28 Por otra parte, los bienes inmuebles del de Valladolid se encontraban hipotecados y eran controlados por vecinos de la ciudad y el clero secular, lo que ocasionó que los obispos tuvieran una injerencia especial en el plantel desde antes del extrañamiento.29 Finalmente, todo parece indicar que el resto de los colegios michoacanos sí pertenecieron a la orden religiosa.

Asimismo, a mediados del siglo se estaba forjando el mayor proyecto educativo del clero secular en el obispado. En 1759, el obispo Pedro Anselmo Sánchez de Tagle ideó crear un seminario tridentino en la ciudad, donde se formaran los nuevos clérigos que debían atender las doctrinas arrebatadas a las órdenes mendicantes después de la orden emitida por Fernando VI. No obstante, el proyecto del seminario conciliar tuvo que esperar, debido a que el cabildo de la catedral se opuso a su erección, al argumentar que ya existían colegios para la formación del clero en el obispado, que el desempeño de San Nicolás era similar a un seminario y que su instauración mermaría los ingresos de los capitulares de la catedral.30

Por último, las hostilidades contra las órdenes religiosas en el virreinato se aceleraron con la llegada del visitador José de Gálvez (1765-1771), quien inició una revolución en el gobierno que buscaba menguar el orden corporativo de la iglesia, reforzar el gobierno secular y moderar el eclesiástico. Desde 1766 el obispado de Michoacán sufrió crisis agudas debido a algunas medidas impopulares que impuso el gobierno metropolitano, como la creación de un ejército y un aparato de Estado represivo después de la guerra de los Siete Años, nuevos ingresos fiscales para mantener al recién creado cuerpo de milicianos y, sobre todo, la expulsión de los jesuitas. Primero hubo sublevaciones en ciudades como Pátzcuaro, debido a la reforma impuesta sobre los tributos y su centralización en Valladolid. Un año después, con la expulsión de la Compañía de Jesús la madrugada del 25 de junio de 1767, los disturbios se expandieron a otros lugares como San Luis Potosí, Guanajuato y San Luis de la Paz, los cuales fueron duramente reprimidos por Gálvez, y dieron inicio a una nueva etapa en la administración y uso que se daba a las temporalidades jesuitas, como se verá a continuación.31

Fue tarea de Pedro Anselmo Sánchez de Tagle ejecutar la orden de expulsión en Michoacán y esperar a que José de Gálvez sofocara las rebeliones que surgieron en el obispado; solo así podían iniciar las discusiones en torno a la nueva función que debían tener los ex colegios jesuitas.32 De esta forma, después de haberse establecido el Consejo Extraordinario en España —bajo la dirección del conde de Aranda— como máxima institución después del rey para la administración de temporalidades, y la Dirección de Temporalidades o Depositaría General en Madrid, como un fondo separado de la Real Hacienda para administrar el dinero que produjeran los bienes incautados, se procedió al avalúo y registro de los bienes materiales de los colegios.33

Las antiguas propiedades jesuitas ya no pertenecían a la orden religiosa. Una real cédula estableció que, a partir de ese momento, «el rey tiene dominio de los bienes ocupados por ser el rey y suprema cabeza del Estado».34 Desde entonces, todos los bienes que habían pertenecido a la Compañía quedaban bajo el patronato real y la dirección de los obispos. Una vez confiscadas las propiedades jesuitas, los comisionados, hombres del rey encargados de recaudar información de las temporalidades, enviaron a España las primeras relaciones sobre el estado de los colegios para analizar su futuro destino. Todos los autos de extrañamiento debían dirigirse al conde de Aranda, presidente del Consejo de Castilla, para que diera testimonio de las acciones que se llevaban a cabo con el embargo de las temporalidades de la Nueva España.35

Fueron cuatro los componentes esenciales para poder otorgarles una nueva aplicación a los antiguos colegios: si le habían pertenecido o no a la Compañía, pues la mayoría que volvieron a impartir enseñanza tenían patrocinio real desde antes del extrañamiento; su estado económico, especialmente el dinero de sus obras pías, congregaciones, cátedras u otras fuentes de donde obtendrían recursos, pues la Corona les quitó sus antiguas fincas rurales; la ciudad donde se encontraban, ya que los Borbones buscaron concentrar la educación en las sedes diocesanas; y finalmente, la nueva administración de los colegios estuvo ligada al fortalecimiento de los seminarios conciliares y debilitamiento de las instituciones pertenecientes a las órdenes religiosas.36

Toda la información respecto a los inmuebles de la Compañía la remitieron los comisionados a Madrid. Así, pocos meses después del extrañamiento, el comisionado de San Luis Potosí, Andrés de Urbina —quien también era juez y alcalde mayor de la ciudad— fue el primero de la diócesis en despachar información a España. Su relación fue de las más cuantiosas, ya que seguramente desde entonces tenía un proyecto ambicioso en mente, como veremos más adelante. El envío comprendía un inventario de los censos a favor del colegio, las congregaciones, débitos pasivos, sus casas y misiones, y el estado de la huerta. También dio noticia del secuestro, valor total y objetos que encontró en la hacienda de la Parada.37 Entre 1768 y 1769, Urbina envió a la Dirección de Temporalidades de Madrid más información, como el índice de papeles y libros manuscritos, cursos, libros de gobierno del colegio y sus congregaciones.38

Desde el inicio hubo una preocupación en Madrid por el manejo financiero de las temporalidades. Seguramente, con la intención de que en la metrópoli existiera una correcta gestión de ellas, en 1768 el conde de Aranda le escribió una carta al virrey de Nueva España para que registrara la información que debía pedir a los comisionados de cada uno de los colegios. Al comisionado de Pátzcuaro le solicitó noticias sobre todo de índole monetario, al requerir que hiciera una relación de los censos del colegio grande, una escritura de la única casa que tenía dicho colegio, un plan de la hacienda de la Tareta y sus ranchos anexos, las cuentas a favor y en contra de la institución, así como de sus transacciones, gastos causados en la conducción de los padres, cuenta general de los particulares y estado de las cargas que cumplían los regulares. Si bien no explicitó la intención, seguramente lo requirió con el fin de analizar el proceso de su venta.39

Además del interés económico, Carlos III tenía un claro plan político de centralización educativa en las capitales diocesanas. Mientras llegaba toda la información de las temporalidades a Madrid, en ambos lados del Atlántico existía una acalorada discusión en torno al futuro de la educación del virreinato. Desde la metrópoli, una real cédula de 1768 mostraba los deseos del rey por consolidar los seminarios conciliares de los obispados.40 Un año después, en 1769, otra real cédula estableció que los edificios materiales de las iglesias, capillas, aulas, casas de estudio y viviendas de los regulares no se podían tasar y se encontraban fuera del comercio; en cambio, solo se podían vender las antiguas casas, molinos, ingenios y haciendas que habían pertenecido a los colegios, lo que dio paso a la desvinculación de sus antiguas fuentes de financiamiento. A partir de ese momento, la Corona buscó dotar a las antiguas instituciones jesuitas de una nueva función e iniciar la venta de sus temporalidades con el fin de pagar los gastos de la expulsión y la pensión vitalicia de los padres en Italia.41

Una vez que se emitieron dichas órdenes en Madrid, inició la reorganización de los establecimientos educativos en todos los obispados del virreinato bajo un fuerte componente unificador en las sedes obispales. En Michoacán, la nueva estructura rompió con la enseñanza de filosofía en varias ciudades para concentrarlos en la capital. Además, una real cédula fechada el 9 de julio de 1769 estipuló que «las facultades mayores se reserven para las capitales, en que huviere universidades, y seminarios».42 Con ello, el obispo Sánchez de Tagle comenzaba el monopolio educativo que ordenaba Carlos III en Valladolid.

A partir de ese momento, a diferencia de las otras ciudades de la diócesis, el comisionado vallisoletano, Fernando Josef Mangino, despachó a Madrid información detallada sobre las finanzas del ex colegio desde el momento de la expulsión, con el fin de analizar su nuevo destino.43 Una vez que expidió el informe a España, continuó la organización del aparato burocrático que daría pie a la nueva aplicación de los antiguos colegios. De esta forma, en 1770 se crearon diez reales juntas superiores en Indias, con la finalidad de examinar el futuro de las casas, colegios, residencias y misiones en América. En esta nueva organización administrativa, Michoacán quedó a cargo de la Real Junta de Aplicaciones de la Ciudad de México, la instancia más importante del virreinato que se encargaría de la administración de las temporalidades, la cual quedó encabezada por el arzobispo, e integrada por el virrey y las autoridades de la Real Audiencia de México.

A la junta superior quedarían subordinadas las juntas subalternas, localizadas en algunas capitales diocesanas del virreinato. Para el caso de Michoacán, el marqués de Croix, virrey de la Nueva España, ordenó a Sánchez de Tagle formar una junta subalterna en Valladolid. Esta quedó integrada por el alcalde mayor de la capital diocesana, el obispo, miembros de los ayuntamientos y síndicos. En ella debían procederse las sesiones necesarias para las nuevas aplicaciones de los ex colegios jesuitas del obispado.44

Los cimientos de la secularización y centralización en la educación de Michoacán comenzaron a inicios de la nueva década. Después de haber empezado la enajenación de temporalidades jesuitas, en 1770 se estrenó frente a la catedral el seminario tridentino de San Pedro apóstol en Valladolid, uno de los últimos en abrir en el virreinato. Su objetivo era convertirse en una institución de ayuda en el proceso de uniformar la educación, preparar a los clérigos que debían suplantar a los frailes de las doctrinas recién secularizadas, concentrar la autoridad del obispo, y, por lo tanto, también del rey.45

Los prelados michoacanos le otorgaron un papel relevante al seminario para que fungiera como la institución educativa preeminente de la diócesis. Si bien antes de la expulsión la mayoría de los graduados michoacanos en la Real Universidad provenían del colegio jesuita de San Francisco Xavier y en segundo lugar de San Nicolás, después del extrañamiento la batuta la tomó el nicolaita, ya que impartía filosofía y teología escolástica. Pero a partir de 1771, la mayoría de grados académicos las obtuvieron los alumnos del conciliar, ya que entre 1771 y 1801, 65 % del alumnado estudió en dicha institución, el 25 % en San Nicolás y del 10 % restante no hay noticias del lugar donde estudiaron. Asimismo, resta decir que San Nicolás y el seminario conciliar fueron muy parecidos, ya que la diferencia principal recaía en que las rentas del colegio nicolaita provenían del cabildo de la catedral y las del seminario de las rentas eclesiásticas del obispado.46 La fundación de este último se impulsó después de terminar el IV Concilio Provincial Mexicano en 1771, que a pesar de no haber entrado en vigor, buscó robustecer la reforma de la iglesia novohispana, a partir de los principios regalistas de empoderar la Iglesia episcopal y menguar la influencia del clero regular.47

Al mismo tiempo que se fundó el seminario conciliar, surgieron preocupaciones en torno a cómo se iban a sostener los ex colegios jesuitas del obispado cuando reabrieran, ya que no podían utilizar los fondos de temporalidades, los cuales debían servir «para subministrarles [a los jesuitas expulsos] las pensiones alimentarias, y satisfacer los costos de su conducción hasta corzega, y que no haviendo por consiguiente otros caudales para hacer efectivas las aplicaciones que los de congregaciones y obras pías».48 De esta forma, al verse privados de sus antiguas fuentes de financiamiento, existió una crisis para dotar de una nueva aplicación a los colegios, pues la junta subalterna de 1771 subrayó que era «preciso medir los nuevos establecimientos con las fuerzas de los caudales aplicables pues sin ellos no pueden tener solida subsistencia».49

La cuestión monetaria ocasionó que la junta superior pusiera la mirada en las congregaciones, cátedras y obras pías de los ex colegios para que se mantuvieran con sus fondos que ascendían a 145 460 pesos; sin embargo, estos se mostrarían insuficientes, ya que los ingresos mayoritarios de las antiguas instituciones jesuitas provenían de sus propiedades rurales.50

Para su posible reapertura, cada colegio mandó información financiera y administrativa a España. En 1772 Juan Antonio Archimbau, escribano de cámara, envió a Madrid los autos que había pedido el Consejo Extraordinario para que el rey procediera al examen y reconocimiento del ex colegio de San Luis Potosí en los términos que se ejecutó.51 Todo parece indicar que desde ese momento existía un proyecto ambicioso para dicho establecimiento, donde el virrey remitió sus autos de ocupación a la metrópoli en cuarenta cuadernos entre 1771 y 1778; sin embargo, dicho plan tendría innumerables trabas por parte de los prelados.52

Por su parte, el secretario de la junta subalterna de 1771, Antonio Miguel Chacón, expresó la utilidad de convertir al seminario de Santa Catarina de Pátzcuaro en un colegio de niñas. Pensaba que, al no haber pertenecido a la Compañía, iba a poder utilizar los fondos de temporalidades para su inauguración.53 Con la finalidad de que el proyecto avanzara, Chacón, quien también era comisionado de Pátzcuaro, realizó una operación adjunta para que la examinaran en Madrid, compuesta por cuatro relaciones y cuentas, veinte instrumentos que justificaban los censos del colegio y diez testimonios de los patronatos que gozaban sus rectores.54

Sin embargo, el resto de los colegios, al no encontrar acuerdos, avizoraban un panorama más difícil. Un caso es el de Celaya, donde su comisionado, Narciso Fernández de Heredia, junto con el ayuntamiento de la ciudad y el fiscal José Antonio de Areche, propusieron en 1771 al virrey marqués de Croix instalar en el edificio del antiguo colegio el escuadrón de la ciudad para que estuviera preparado en caso de otra revuelta.55 Por otra parte, la junta subalterna tenía otros planes, al sugerir que se convirtiera en casa curial, vivienda de vicario, colegio de pensionistas donde se enseñara gramática y primeras letras. Si bien las propuestas pasaron a la junta superior de aplicaciones de la Ciudad de México, al no haber consenso sobre las actividades que debía tener, el recinto se mantuvo cerrado.56

Mientras tanto, al mismo tiempo que se llevan a cabo las discusiones al interior de la junta subalterna, cada vez tomaba más fuerza el proceso de concentración de instituciones educativas del clero secular en Valladolid. Después de haber fallecido el obispo Sánchez de Tagle en 1772, abrió sus puertas el colegio correccional de clérigos de San Francisco Xavier en 1773, el primero que se erigía sobre el edificio de un antiguo establecimiento jesuita en la diócesis. La decisión final se tomó después de que la junta superior de aplicaciones aprobara la nueva fundación. Además, el nuevo establecimiento iba en sintonía con una real cédula emitida en 1768, la cual establecía que cada provincia contase con un seminario de corrección que hospedara a clérigos insubordinados o delincuentes.57

Así, en seis años, la ciudad de Valladolid pasó de tener solo un colegio administrado por el clero secular a poseer tres: el colegio de San Nicolás, el seminario conciliar y el colegio correccional de San Francisco Xavier, cada uno con una función distinta para la capital y el territorio de Michoacán: mientras los dos primeros eran complementarios, pues ofrecían filosofía y teología escolástica —aunque también tuvieron algunas diferencias, como la impartición de cátedras de lenguas indígenas por parte del nicolaita—, San Francisco Xavier fungió primordialmente como casa correccional de clérigos delincuentes.58 Con ello, se instituían las bases que darían lugar a la secularización de la educación del obispado, un cambio administrativo, centralizado en Valladolid, cuya prioridad fue robustecer al seminario tridentino, quitarle poder a las corporaciones en la educación y apoyar a los colegios pertenecientes clero secular. De esta forma, más que una modificación en los saberes, lo que se avizoraba en ese momento era un cambio político, ya que la enseñanza de conocimientos prácticos llegaría con más fuerza hasta la década de 1790.59

El colegio de San Francisco Xavier abrió sus puertas el 13 de abril de 1773 —en un momento en que la sede del obispado se encontraba vacante— como casa correccional de clérigos, aunque también fue lugar de retiro y albergue de pobres. Otras actividades con las que contó fueron una enfermería localizada en la parte baja del edificio y una residencia de padres ubicada en la antigua casa de ejercicios. Por último, San Francisco Xavier ahora impartiría cátedras de ritos y moral, a diferencia de la etapa jesuita que enseñó gramática y filosofía.60

La constitución del correccional no estuvo exenta de dificultades. En primer lugar, no tenía ingresos suficientes y su primer rector, José Antonio Peredo, reclamó la falta de dinero sobrante de los 400 pesos de obras pías que se había acordado recibir para que abriera.61 Poco tiempo después de su inauguración, la junta superior de aplicaciones le comunicó al obispo que, debido a las malas condiciones en que se encontraba el edificio, era necesario hacerle reparos. La junta acordó que no se convertiría en colegio, sino en un correccional de clérigos, pues la ciudad ya contaba con el de San Nicolás y el seminario tridentino, donde se impartían cátedras de teología escolástica, teología moral, filosofía y gramática. También en Valladolid había una escuela para niños pobres españoles e indios, «con lo que nada falta para la instrucción de la juventud, no solo de la ciudad sino de otros lugares». Sin embargo, como ya se dijo, el nuevo correccional sí impartió lecciones, aunque tuvo pocos alumnos.62

En la frase anterior se muestra claramente que el plan de reunión de colegios en la sede obispal que había inaugurado Sánchez de Tagle continuaba en marcha. La concentración de colegios administrados por el clero secular debía estar en la capital y no en las otras ciudades de la diócesis, las cuales sufrirían las nuevas políticas reformistas. En esta nueva tarea de reorganización educativa en beneficio de la sede diocesana, se estableció, durante la junta superior de aplicaciones de 1773, que las cátedras dotadas de los ex colegios de Pátzcuaro y Guanajuato debían sostener las instituciones del clero secular de Valladolid. Igualmente, las dotaciones que antes estaban destinadas para las misiones circulares que salían del colegio de San Luis Potosí ahora debían servir para sostener al rector y a los maestros del correccional vallisoletano.63

Una vez que se enviaron recursos de otros ex colegios para el desempeño del nuevo correccional, la junta subalterna avisó ese mismo año al virrey que se retardaría su transferencia por los reparos que eran necesarios debido a su mal estado.64 La entrega definitiva del antiguo colegio se llevó a cabo el día 25 de junio de 1773, con testimonio de don Felipe Ordoñez y Sarmiento, alcalde mayor y presidente de la junta subalterna de Valladolid, y don Roque Yáñez, comisionado de temporalidades.65 Cinco días después, el comisionado y el escribano de Valladolid realizaron toda la descripción del edificio y de los objetos materiales que ahí encontraron, seguramente con la intención de analizar el fin que le otorgarían a los espacios del nuevo recinto.66 Dos semanas más tarde, el 15 de julio de 1773, don Pedro Taurrieta —arcediano, provisor y vicario capitular del obispado— entregó la iglesia y el correccional a su primer rector, José Joaquín Peredo.67

A pesar del envío de recursos pertenecientes a otros ex colegios michoacanos, las dificultades financieras afloraron desde el principio. Al no poder utilizar el dinero que produjeran las temporalidades, el nuevo rector se vio forzado a buscar otras fuentes que pudieran mantener al correccional. Las demás instituciones que pertenecieron a la Compañía también tuvieron que pensar en qué fuentes de financiamiento utilizarían, ya que la razón principal que se dio para postergar su restablecimiento fue la económica.

San Luis Potosí es un claro ejemplo de posposición que vivieron los ex colegios, a pesar del ambicioso proyecto que existía sobre su futuro. Desde 1773, Fernando Rubin de Zelis —comisionado, presidente de la junta municipal y alcalde mayor de San Luis Potosí— realizó una relación del colegio para analizar su futuro, donde incluía información del edificio principal y sus casas —de las cuales cinco le pertenecían a la institución y otras cinco eran propiedad de la congregación de nuestra señora de Dolores y Señora de la Asunción— deudas activas y pasivas, bienes muebles que se podían vender, caudales, censos y bienes de su hacienda.68

Cuando recibió toda la información, la junta superior de aplicaciones de la Ciudad de México acordó establecer facultades mayores y menores en San Luis Potosí. Debía haber una escuela para la enseñanza de niños, un maestro de gramática, un catedrático de filosofía y otro de teología, saberes que no impartió en la época jesuita. El comisionado consideró que dichos estudios serían de mucha utilidad para la ciudad, ya que los padres de familia no tendrían que enviar a sus hijos a estudiar a la Ciudad de México, Querétaro u otras urbes del virreinato. Asimismo, el comisionado sugirió que se ofreciera la iglesia a los clérigos de San Felipe Neri, con sus fincas y dotaciones de obras pías incluidas.69

A pesar de ya tener la aprobación de la junta superior, el seminario seguía sin abrir. Seguramente el freno principal lo impusieron los obispos michoacanos, aunque en España ya se hubiera aceptado la propuesta. La junta superior de aplicaciones afirmó, con base en el informe de la subalterna de Valladolid, que el monarca propuso desde 1771 convertir al ex colegio en seminario conciliar bajo la protección y patronato real, debido a que la ciudad se encontraba muy lejos de la Ciudad de México y de Valladolid, siendo la única oposición que encontramos entre los obispos y el monarca.70

A finales de 1773, Luis Fernando de Hoyos y Mier tomó la mitra de Michoacán, quien siguió con la política de concentración educativa de su antecesor. Dos años después, en 1775, una real cédula estableció que el seminario conciliar de San Luis Potosí estaría sujeto al gobierno de la diócesis y la protección real en los mismos términos que se manejaban los otros seminarios tridentinos del virreinato.71 La resistencia del prelado a su creación radicaba en que el trasfondo del proyecto era convertir a San Luis Potosí en obispado, lo que dividiría a la diócesis de Michoacán en dos.72

La junta superior de aplicaciones de la Ciudad de México, al admitir la propuesta del síndico, aceptó convertir el edificio jesuita en seminario conciliar con la condición de que estuviera sujeto al gobierno del obispo de Michoacán y «bajo de la protección Real en los términos que se manejan todos los conciliares, y especialmente el de Valladolid».73 Si bien para este momento se estableció que quedaría al mando de los prelados michoacanos, la realidad es que existía un claro intento de crear una mitra potosina, por lo que los enfrentamientos entre los prelados y el ayuntamiento potosino afloraron.

Para aplazar su apertura, los obispos insistieron en los recursos insuficientes para su subsistencia. La junta superior acordó que los 680 pesos que había dotados para los seis sacerdotes y un coadjutor eran suficientes para pagar al futuro rector, catedráticos de teología, moral, gramática y maestro de primeras letras.74 Sin embargo, el mayor inconveniente se presentó cuando los miembros de la junta subalterna, al advertir que no podían contar con los fondos de temporalidades para la inauguración del seminario —conformados por 50 000 pesos que dejó Juan de Zavala, el valor de tres casas y la huerta—, alertaron que los únicos caudales efectivos para las aplicaciones serían los de congregaciones y obras pías, que como ya vimos, eran insuficientes para sostener al colegio, ya que se había mantenido primordialmente de sus propiedades rurales.75

Las diferencias entre el síndico de San Luis Potosí y Hoyos y Mier se hicieron cada vez más evidentes. En 1775, la junta superior de la Ciudad de México deliberó la aplicación del colegio y expidió tres dictámenes sobre sus posibles funciones a la junta subalterna de Valladolid, sin haber nada definido todavía. El primero y segundo los ofrecieron el comisionado y el ayuntamiento, que reiteraron la utilidad de establecer un colegio en donde se enseñaran primeras letras, latinidad, filosofía y teología en la ciudad; el tercero lo dio el síndico, quien seguía empeñado en que el edificio jesuita se empleara como seminario conciliar.76

El colegio de Celaya también tuvo dificultades para retomar actividades. La junta superior de aplicaciones pidió que se verificaran sus fondos, pues solo podían utilizar sus obras pías y capellanías.77 Como los réditos de las primeras no alcanzaban para dotar al rector y maestros, el 10 de marzo de 1778 el presidente de la junta subalterna de Valladolid notificó al virrey que el ayuntamiento de Celaya negó la aplicación del ex colegio e iglesia como parroquia, por lo que este seguía sin tener un destino definido.78

Desconozco las discusiones que existieron en otros colegios, sobre todo los que tuvieron dificultades para consolidarse desde la época jesuita. Por ejemplo, del ex colegio de León únicamente encontramos acusaciones en torno a la usurpación de bienes entre el alcalde de la villa, don Martín Andonegui, y el comisionado Juan de Velázquez.79 Por su parte, Guanajuato, al haber tenido muy poco tiempo de vida al momento de la expulsión, la mayor parte de la información que se consultó se enfoca en el avalúo de haciendas y el inicio de su venta.80

La razón por la que, a finales de la década de 1770, con la excepción de Valladolid, el resto de los colegios de la diócesis no hubiera abierto, se debía a que Luis Fernando de Hoyos y Mier planeaba que sus caudales y réditos sirvieran para dotar al nuevo correccional y, sobre todo, al seminario conciliar de la capital diocesana. Así, en una carta que firmó en Valladolid el 18 de octubre de 1774, Hoyos y Mier le pidió al virrey Bucareli que los réditos caídos de las misiones circulares que salían de los colegios de Guanajuato y San Luis Potosí se utilizaran para beneficio del nuevo correccional; igualmente, solicitó que las librerías del resto de los colegios del obispado pasaran a la capital diocesana para que no se perdieran, así como los recursos económicos que no fueran temporalidades, como las cátedras de Guanajuato y Pátzcuaro, y las misiones de San Luis Potosí. Con esa cantidad se iban a poder reparar los daños que tenía el edificio del correccional, que desde su inauguración albergó reclusos y pretendientes a cursar las cátedras de ritos y moral.81

Los reparos y la expedición de recursos a Valladolid comenzaron pronto. En 1775, se entregó una nueva viguería al correccional.82 Ese mismo año, el cura de Pátzcuaro, don Raymundo Sotomayo, pidió que el sobrante de la ciudad sirviera también para ayudar a los desperfectos de San Francisco Xavier.83 Si bien el proyecto del correccional avanzaba, su situación financiera ponía en entredicho la viabilidad de la institución, una cuestión que compartía también con el seminario conciliar.84

En 1777, el rector del correccional, además de ofrecer información sobre los ordenantes, los censualistas, los reclusos y los ejercitantes del correccional— también notificó sobre su situación financiera a la junta superior de temporalidades de la Ciudad de México. Censos, gastos generales y de despensa demostraban la mala salud financiera de San Francisco Xavier desde que abrió sus puertas.85 Ante la preocupante situación, la junta superior le asignó un caudal para los reparos necesarios; sin embargo, apenas sirvió para solucionar sus problemas, por lo que el virrey instó al deán y cabildo de la catedral que «era indispensable la noticia de las rentas, y consignaciones hechas a aquella casa, su estado y lo que pendía de las cuentas dadas por su anterior y primer rector». Fue así que se informó a la junta superior sobre las cuentas de la institución durante el gobierno de los tres primeros rectores.86

Cuando murió Hoyos y Mier, lo sucedió Juan Ignacio de la Rocha, quien ostentó la mitra desde el 19 de abril de 1777 hasta su fallecimiento en 1782, y continuó con la misma política centralizadora de sus antecesores. Bajo dicha tendencia, a pesar de su falta de rentas, el correccional cada vez tomaba más forma. En 1778 aparecieron las Constituciones, las cuales establecieron que San Francisco Xavier debía estar gobernado por el cabildo de la catedral para el «gobierno, arreglo e instrucción» del bajo clero. Al pasar a ser propiedad del rey, al igual que todos los colegios jesuitas después de la expulsión, adquirió el nombre de «Real colegio de corrección e instrucción con el título de San Francisco Xavier, sugeto a nuestra jurisdicion y govierno».87

Por su parte, el resto de los ex colegios seguía esperando su reapertura. San Luis Potosí continuó luchando por fundar el seminario conciliar. Su comisionado enviaba información a Madrid en 1778 sobre el estado material y económico del edificio, después de que el 1 de agosto el virrey aprobara la decisión de la junta superior para convertirlo en seminario tridentino, a pesar de la negativa de De la Rocha.88

El proyecto de formar una nueva diócesis y crear un seminario tridentino cada vez tenía más eco en la metrópoli. Ramón Posada, fiscal del Consejo de Indias, propuso la creación de tres nuevos obispados en el virreinato: Veracruz, Acapulco y San Luis Potosí; sin embargo, el obispo de Michoacán mostró una oposición a este último debido a que amenazaba sus intereses y poderío.89 Por ello, continuaba resaltando los recursos insuficientes para no permitir que dicho proyecto llegara a buen puerto, al enfatizar que no podía utilizar dinero perteneciente al fondo de temporalidades.90

Por su parte, Pátzcuaro, histórica rival de Valladolid, sufría los efectos monopolizadores de la capital. A finales de la década de 1770, su comisionado, don Antonio Miguel Chacón, envió a Madrid una relación de las deudas a favor y en contra del real seminario de Santa Catarina, del colegio grande de la ciudad, de la congregación, de los gastos de la expulsión, así como de los bienes muebles que encontró en el aposento rectoral, la despensa y la bodega.91 Seguramente para evitar enfrentamientos con el ayuntamiento, en 1776 la junta provincial de enajenaciones decidió que lo mejor sería vender las casas, fincas y muebles de Pátzcuaro, y solo destinar al colegio los libros y las alhajas.92

A pesar de los intentos, las tensiones entre el prelado y el ayuntamiento se acrecentaron. Ese mismo año la junta superior le asignó un nuevo destino al seminario de Santa Catarina, cuando el deán, el cabildo de la catedral de Valladolid y el virrey firmaron un documento donde proponían a tres sujetos para el cargo de rector del seminario.93 Al no haberle pertenecido a la Compañía, el ayuntamiento subrayó que podía utilizar el dinero de temporalidades, ya que sus fondos y los del colegio grande estaban «enteramente separados de los de los regulares».94

El ayuntamiento también propuso que el colegio grande de San Ignacio se destinara como seminario de colegiales y enseñanza común de estudiantes y niños, así como vivienda de rector, donde hubiera catedráticos de gramática, filosofía y teología, y que la iglesia quedara como ayuda de parroquia. Por su parte, planteó que el seminario de Santa Catarina sirviera para casas curales o para cualquier otro fin que decidiera la real junta superior de la Ciudad de México. Finalmente, el comisionado mencionó que tenía fondos suficientes para mantener maestros, así como nueve becas fundadas que ayudaría a subsistir los estudios en la ciudad.95

No obstante, la propuesta del ayuntamiento de Pátzcuaro tuvo reveses por parte de los prelados, quienes insistían en el envío de los fondos para los colegios de Valladolid. El síndico vallisoletano consideraba que las cátedras de la facultad mayor no debían subsistir en Pátzcuaro, donde bastaban escuelas de primeras letras y gramática, por lo que era necesario transferirlas a San Nicolás y al seminario tridentino. Así, planteaba que la iglesia de San Ignacio de Pátzcuaro sirviera como parroquia o ayuda de ella, y el edificio principal para casas curales. También proponía que en la parte baja se estableciera la escuela de primeras letras y el resto de la casa sirviera como convictorio de niños pobres a cargo de un cura rector. Por último, propuso que el seminario de Santa Catarina se convirtiera en escuela de amiga, y pidió que sus becas se trasladaran a San Nicolás.96

La junta superior estuvo de acuerdo con la resolución del síndico vallisoletano, que impulsaba la centralización en la capital diocesana; sin embargo, el ayuntamiento no compartió la iniciativa, por lo que alzó la voz. Argumentó que además del agravio que significaría el traslado de las nueve becas de lugar, la decisión iba en contra del deseo de los fundadores de los dos colegios de Pátzcuaro de tener facultades mayores y menores en la ciudad.97

En 1777, la junta subalterna de Valladolid corroboró su política monopolizadora, al ordenar que se trasladaran las cátedras de filosofía y teología moral de Pátzcuaro al seminario tridentino, así como las nueve becas, las cuales quedarían divididas cuatro en San Nicolás y cinco para el tridentino. El importe de réditos de capitales, becas, cátedras y escuelas se debía aplicar para reparar a San Francisco Xavier de Valladolid. Mientras tanto, con dichas decisiones, Pátzcuaro adquiriría un lugar cada vez menor entre los establecimientos educativos de Michoacán, pues se ordenó que la iglesia del colegio se transformara en parroquia, y el edificio principal en casas curales y una escuela para niñas pobres.98

Aunque existieran proyectos educativos en otras ciudades del obispado a finales de 1770, ningún ex colegio tenía avistamiento para retomar labores. La junta subalterna de 1778 propuso que la iglesia del colegio de Guanajuato se convirtiera en parroquia, que sus viviendas sirvieran para los curas y en las dos casas contiguas se estableciera un seminario de primeras letras y gramática para pensionistas. También planeaba enseñanza de saber práctico ilustrado, donde «la cátedra de filosofía se conmutase en una de matemáticas, como estudio más útil a aquel vecindario y minería».99 A pesar de que el rey concedió una cédula para encomendar el templo y colegio a los filipenses, este seguía sin abrir.100 Por su parte, León todavía tenía pendiente el destino del colegio, iglesia y fábrica nueva.101

Al iniciar la nueva década, las discusiones de los colegios fuera de la capital parecían seguir en un callejón sin salida. En 1780 todavía no existía un acuerdo en torno a la creación del seminario conciliar de San Luis Potosí, y faltaba que sus Constituciones se remitieran al Consejo de Indias para que fueran autorizadas por el rey.102 Además, contrario al deseo del ayuntamiento, el virrey Antonio Bucareli tuvo un parecer similar al de los obispos, pues opinaba que no era necesario que se establecieran cátedras de filosofía y teología en la ciudad, ya que estas debían instalarse solo en las capitales y en las universidades. Por ello, Bucareli advirtió que los hijos de mineros y vecinos que quisieran cursar dichas facultades podrían hacerlo en Valladolid o México.103

Así, después de más de diez años de discusiones, en 1780 únicamente el ex colegio jesuita de Valladolid había vuelto a abrir, ya que la junta subalterna siempre aludió a problemas monetarios para negar la reapertura del resto; sin embargo, a pesar de localizarse en la capital, San Francisco Xavier se encontraba en graves dificultades económicas. En 1781, el licenciado y cura de San Francisco de los Pozos, José Joaquín de Eguía y Muro, dio a conocer la preocupante situación financiera del correccional. En un reporte, después de ofrecer detalladamente todos sus gastos, advirtió que se encontraba en números negativos, al demostrar que tenía un cargo de 2694 pesos, dos y medio reales y una data de 3522 pesos y seis reales, con un alcance de 828 pesos, tres y medio reales, la cual era mucho más alta que el cargo. De esta forma, Eguía hacía evidentes la enorme cantidad de gastos que debía costear y que no podía pagar, comenzando una discusión que tomó más fuerza a partir de las reformas económicas y territoriales por parte de la Corona de 1784 y 1786.104

La década de 1780 significó un momento económico complicado para la Corona. El gobierno de Carlos III se involucró directamente en la guerra de independencia de las trece colonias (1779-1784) con recursos, armas y hombres, por lo que a la metrópoli le urgía liquidar las temporalidades para costear el conflicto bélico.105 En 1783, una real cédula permitió a los ex jesuitas residentes en Italia recibir herencias, seguramente con el objetivo de reducir los costos de su mantenimiento y canalizarlos a los gastos de la contienda.106 El 3 de diciembre de 1784, otra real cédula ordenó la liquidación general de las temporalidades jesuitas, con lo que se esfumaba cada vez más el deseo de algunos ayuntamientos de poder utilizarlas para reabrir los colegios.107

Además, en 1786 se instauró en Nueva España el régimen de intendencias, un sistema administrativo que promovía el gobierno provincial y el sistema económico regional, cuyos cambios territoriales ocasionaron el inicio de una lenta descentralización de las instituciones educativas en el obispado. A partir de ese momento, los ayuntamientos y grupos particulares tuvieron un cometido fundamental en la creación de nuevos colegios para la impartición de instrucción pública y gratuita.108

Como bien menciona Óscar Mazín, el establecimiento de tres intendencias en Michoacán coincidió con las tres regiones geográficas y culturales en que se dividía el obispado desde antes: el potosí, el Bajío y el Michoacán nuclear de los tarascos. La instauración del nuevo régimen significó un duro golpe a la unidad geográfica de la diócesis y al poder de los prelados, pues además de tener ahora los intendentes nuevas atribuciones fiscales, las reformas a los diezmos buscaron contener al clero michoacano y ocasionaron la negativa de los prelados, pues tendrían menos control sobre ellas.109 Ahora, los ayuntamientos sedes del gobierno de las intendencias presionaron más para otorgar un fin a los antiguos edificios jesuitas en ciudades que no fueran la sede obispal, denotando un revés a la política promovida por la mitra michoacana.

Empero la necesidad de recursos de la Corona, en esta década el seminario tridentino vivió una época de estabilización financiera, seguramente porque al ser el más importante de la diócesis, recibía mayor cantidad de fondos por parte del obispado. No obstante, al mismo tiempo, el futuro del correccional se encontraba en peligro por falta de rentas.110 En 1784, el rector Antonio de Balunzarán y Rodríguez escribió al gobierno diocesano para notificarle que San Francisco Xavier estaba corto en rentas, se encontraba imposibilitado de pagar los caudales de las misas dotadas, y él mismo tenía que poner dinero de sus ingresos para que pudiera subsistir.111

Pese a sus dificultades, el correccional o clerical era el único de los ex colegios jesuitas que había retomado labores para ese momento en el obispado, mientras el resto seguía con un futuro incierto. En 1786, una real cédula dispuso que la iglesia de Pátzcuaro pasara a ser parroquia, que el colegio se convirtiera en escuela de primeras letras, y que el seminario de Santa Catarina continuara con enseñanza; sin embargo, no hemos encontrado constancia que demuestre si efectivamente realizó dichas actividades.112 Por su parte, ese mismo año todavía no abría el seminario conciliar de San Luis Potosí, ya que el sobrante de obras pías y congregaciones era insuficiente para dotar las cátedras.113

En 1787, el edificio de Celaya continuaba cerrado, pues el comisionado no se ponía de acuerdo con Hoyos y Mier sobre su paradero. El ayuntamiento pidió que se convirtiera en parroquia cuando hubiera caudales y la junta subalterna de Valladolid aceptó su apertura siempre y cuando se mantuviera con los réditos de obras pías. No obstante, la junta superior de aplicaciones de la Ciudad de México condicionó su inauguración hasta que se hubieran extinguido las pensiones alimentarias de los jesuitas, por lo que todavía no obtenía su nueva función.114

En este panorama, aunque fuera el único colegio ex jesuita reabierto del obispado, a finales de 1780 las finanzas de San Francisco Xavier se encontraban en una situación deplorable. El 27 de abril de 1787, el rector del seminario tridentino, don Ramón Pérez, por órdenes del prelado, ofreció información preocupante del correccional. Notificó que aun cuando recibía dinero de las tres cátedras de Pátzcuaro y esperaba la de filosofía de Guanajuato para la dotación de maestros, y el sobrante de obras pías para la sacristía del correccional, dicha cantidad no alcanzaba para satisfacer los gastos esenciales. No había dinero para pagar la alimentación del rector, el salario completo de maestros, del portero y otros sirvientes de la institución, por lo que sobrevivía debido a las dotaciones de particulares y de los obispos. Finalmente, Pérez se preguntó si era viable que siguiera existiendo o lo mejor sería otorgarle otro destino.115

Al contar únicamente con 6000 pesos de las cátedras que correspondían a Pátzcuaro, pues todavía no se percibía la dotación de Guanajuato, la mayoría de las pensiones del correccional corrían a cargo del obispo; sin embargo, ya le era difícil mantenerlo, por lo que en 1789 el prelado le pidió al rey que se hiciera cargo de su dotación «aunque fuera en perjuicio de su Real Hacienda» o de otros colegios que se consideraran inútiles.116

Como se puede observar, la situación de San Francisco Xavier era crítica. En 1789, su rector, Antonio Belaunzarán y Rodríguez, notificó nuevamente que el correccional carecía de los fondos necesarios para permanecer.117 Las posibilidades de que cerrara eran altas. El 29 de mayo de 1789, avisó a la junta superior de temporalidades de la Ciudad de México que para su subsistencia era necesaria una renta anual de por lo menos 4000 pesos, cuya cantidad exigía un fondo de 80 000 pesos o más; sin embargo, hasta ese momento los fondos existentes eran de 22 963 pesos cinco reales y dos granos, por lo que se necesitaban 52 036 pesos cinco reales dos granos más para alcanzar la cifra requerida. Pensó que dicha cantidad se podía completar con el dinero sobrante de las dotaciones de los misioneros de San Luis Potosí, así como con las cátedras del colegio grande de Pátzcuaro y el seminario de Santa Catarina. Finalmente, pidió a la junta superior los medios para la conservación del colegio clerical de corrección, que al final de la carta consideró «el más piadoso, el más importante y el de interés más trascendental de este obispado».118

Si bien el colegio más relevante de Valladolid en esta época era el seminario tridentino, es muy probable que el rector haya emitido dichas palabras para salvarlo y de esa forma adquirir fondos. En otra carta fechada el 9 de octubre de ese año, Belaunzarán mencionó que desde su inauguración no había tenido ingresos suficientes. Así, sostuvo que su primer rector, José Antonio Peredo, ya había reclamado la falta de dinero sobrante de los 400 pesos de obras pías con los que abrió. También afirmó que los ingresos fuertes provenían de las colegiaturas de los alumnos, aunque hubieran sido pocos.

Asimismo, sostuvo que desde su fundación el prelado, por mandato de la real junta de la Ciudad de México, estableció que eran necesarios 1600 pesos de fondos anuales, en los trece años desde su inauguración únicamente se habían verificado 600 pesos de las cátedras de ritos y moral; sin embargo, ni los 1600 pesos antes mencionados hubieran alcanzado para cubrir los gastos totales. Así, al no contar con el dinero aprobado por la junta de temporalidades ni los 400 pesos del sobrante de obras pías, el correccional se veía obligado a vivir de las donaciones del obispo. En tono preocupante, el rector concluyó que para su supervivencia era necesario como mínimo el doble de ingresos, ya que la cantidad de alumnos y sus pensiones no eran suficientes para solventar los gastos.119

Al continuar viviendo en escasez, y al verse en entredicho su existencia, en 1792 el rector Luis Parrilla pidió al rey que se enviara parte del dinero del fondo de temporalidades a San Francisco Xavier, así como obras pías de Pátzcuaro para que pudiera completar la suma total de 80 000 pesos necesarios para su supervivencia.120 Al no otorgarse el dinero del fondo de temporalidades, pues ahora más que nunca se debía enviar a España para pagar los gastos de la guerra anglo-española (1779-1784), el personal tuvo que buscar otros medios que pudieran mantenerlo. Ese mismo año, el virrey Iturrigaray aprobó dotar al clerical con 18 000 pesos de becas de Pátzcuaro, así como la aplicación de los réditos de las misiones de San Luis Potosí.121

No obstante, dicho traslado monetario no palió los inconvenientes. La crisis en San Francisco Xavier era tal que entre 1789 y 1791 se suspendió el ingreso de ordenandos por mandato del obispo.122 Si bien continuaba el despacho de fondos a Valladolid, este ya no tenía en mente al correccional, sino al seminario tridentino. Fue de este modo que el virrey dio cuenta del traslado de libros de la antigua biblioteca de Celaya al conciliar para la enseñanza en 1791. La necesidad de dotarlo de libros se debía a que era «el plantel principal donde debían criarse ministros útiles para la Iglesia y el Estado».123 Además, De la Rocha los mandó al seminario conciliar por ser «donde ocurren a estudiar todos los de su diócesis».124

La centralización continuaba también desde Pátzcuaro a favor del seminario tridentino. La real junta de la Ciudad de México pensó conveniente trasladar las nueve becas de Santa Catarina al seminario de Valladolid, y que el sobrante sirviera para sufragar los gastos comunes de expatriación, tumultos y otros.125 Tres años después, el 27 de marzo de 1792, el virrey conde de Revillagigedo comunicó al ayuntamiento vallisoletano la resolución de la junta superior de aplicaciones que pedía la supresión de becas del seminario de Santa Catarina y su traslado al seminario conciliar. Al ayuntamiento de Pátzcuaro no le agradó la decisión y sus representantes pidieron que las becas no pasaran al tridentino. Argumentaron que los fundadores habían dotado las nueve becas para Pátzcuaro y que con otros vecinos de la ciudad habían ayudado en la construcción de Santa Catarina, por lo que con dichas modificaciones los alumnos de la ciudad tendrían que salir ahora a otros lugares a estudiar y muchos se verían imposibilitados de hacerlo debido a su situación de pobreza.126

Por su parte, en 1792 el edificio de San Luis Potosí seguía en incertidumbre. Continuaba la discusión en torno a si se debía convertir en seminario conciliar o en una escuela de gramática y primeras letras. Si bien la junta superior de aplicaciones acordó convertirlo en seminario, la razón principal que se dio para frenar su apertura continuó siendo económica, ya que el sobrante de las obras pías y congregaciones no alcanzaría para pagarle a los empleados. El obispo, al seguir aferrado a que no abriera el conciliar, pidió que la iglesia sirviera como ayuda de parroquia y que en el colegio se establecieran dos salas de gramática y una escuela de primeras letras.127

A pesar de los intentos, para este momento, el monopolio centralizador de los obispos comenzaba a resquebrajarse. La instauración de las intendencias dio un revés al poder de los prelados en torno a la concentración de instituciones educativas en Valladolid. En 1796, finalmente los oratorianos abrieron el colegio de pensionistas bajo la protección de la Purísima Concepción en la ciudad de Guanajuato, sede de una intendencia, donde los jesuitas habían residido casi 30 años atrás los jesuitas. El virrey pidió que los colegiales adornaran sus becas con el distintivo de las armas reales y que se aceptaran sus estudios en las universidades de México y Guadalajara.128 Así, el proyecto centralizador de la mitra michoacana, que ya había tenido golpes en las ciudades de otras diócesis del virreinato, iniciaba su fin en el obispado.129 Para ese momento surgieron o se consolidaron colegios fuera de la sede episcopal, como el oratorio de San Francisco de Sales en San Miguel el Grande y el franciscano y pontificio Colegio de la Purísima Concepción en Celaya. Ahora, solo faltaba la intendencia de San Luis Potosí para reabrir un ex colegio jesuita.130

Finalmente, en 1797, debido a su continua crisis económica, cerraba sus puertas San Francisco Xavier.131 El correccional volvió a abrir hasta 1815, cuando el virrey envió a la contaduría general una carta donde pedía que se restableciera y dotara la casa de corrección del clero de San Francisco Xavier.132 Así, iniciaba una nueva era en la distribución de los colegios fuera de la sede obispal que todavía espera ser estudiada.

El artículo se enfocó en demostrar, a partir del caso de la diócesis de Michoacán, cómo la estrategia política del rey, por medio de su alianza con los obispos, fue paliar el vacío que dejó la expulsión de los jesuitas en la educación del obispado en la consolidación de tres colegios de Valladolid, la capital diocesana: San Nicolás, San Francisco Xavier y sobre todo el seminario conciliar. Si bien la secularización en la educación ya se gestaba desde antes del extrañamiento, no fue sino hasta la expulsión que se dio de forma mucho más clara en el obispado, en donde se muestran claras tensiones entre los obispos y los ayuntamientos.

Después de revisar fuentes de archivo en México, España y Chile, concluí que la prolongación en la reapertura de los ex colegios jesuitas, bajo la excusa por parte de los prelados de no tener suficientes fondos para su sostenimiento, se debía a un proyecto político de concentrar la educación en la capital diocesana, quitarle poder a las corporaciones y de esta forma reforzar el patronato del rey. Así, contrario a lo que había propuesto la historiografía apologética jesuítica, que veía la expulsión como un cataclismo educativo, nos propusimos analizar este evento dentro del obispado de Michoacán como una época de reorganización y centralización escolar. Este plan duró hasta 1796, cuando se abrió el colegio de la Purísima Concepción de Guanajuato, el primero de los ex colegios que lo hacía desde la refundación de San Francisco Xavier en 1773.

Ante todo, lo dicho anteriormente, el artículo propuso una nueva forma de estudiar el destino que sufrieron los antiguos colegios jesuitas del obispado de Michoacán. Sostengo que dichos presupuestos pueden aplicarse para el análisis de otras diócesis, en donde se preste especial atención al fortalecimiento de las instituciones del clero secular con el apoyo de la Corona en las capitales obispales, como lo demuestran los casos de Puebla con el colegio Carolino o Guadalajara con la Universidad.133 De esta forma se podrían indagar las siguientes preguntas: ¿la centralización en el resto de los obispados novohispanos se llevó a cabo de forma similar a Michoacán? ¿Fue Michoacán un caso único por tener un componente urbano más notable que el resto de las diócesis? ¿En cuáles no se puede emplear el presupuesto presentado en este artículo y por qué? Son cuestionamientos que necesitan analizarse para entender la época de transición educativa en la Nueva España que se inauguró después de la expulsión de los jesuitas.