En cuanto a los casos de cambios de jurisdicción, el primero que encontramos es el de las carmelitas calzadas de San Miguel de Sariñena,14 diócesis de Huesca.15 Este proceso comenzó en 1748, pero el grueso de la documentación relativa al mismo no se conserva en esta sección Segreta, donde solo aparecen algunas cartas que certifican el cambio de jurisdicción, sino en la Nunciatura de Madrid. En esta sección sí es posible localizar documentos que desarrollan el proceso.16

Las carmelitas de Sariñena, que buscaban pasar de la dependencia regular a la ordinaria, centraron sus argumentos en dos aspectos fundamentales para la vida cotidiana de su comunidad: la atención espiritual y los gastos económicos. Ambos temas se repiten en muchos pleitos por cambios jurisdiccionales,17 pero respecto a la dinámica confesional, criticaron la falta de experiencia de sus confesores y las limitaciones de su asistencia, ya que solo les permitían confesar sus pecados y no las orientaban en su devenir espiritual. El obispo de Huesca se mostró de su parte, notificando al nuncio que los frailes solo enviaban por confesores a «los religiosos más cortos, insuficientes y de no madura edad»18 que, además, apostaban, acudían a fiestas y despilfarraban los bienes del convento. El tema económico y su calado en este tipo de pleitos nos invita a cuestionarnos si fue este el motivo principal del deseo de cambio, que se justificó a través de la supuesta mala atención espiritual o si, por el contrario, la mala práctica en el ámbito espiritual animó a usar la gestión económica como argumento para conseguir y asegurar el traslado.

Por otro lado, la Nunciatura, tras las explicaciones del obispo de Huesca, se dirigió a Roma, a la Congregación de Obispos y Regulares para resolver el cambio en nombre del Papa, lo que nos permite constatar el orden de apelación seguido por las religiosas y por la propia estructura eclesiástica en este proceso: ellas se dirigieron al obispo que, a su vez, trató con el nuncio y este derivó la causa a Roma, donde se aprobó el cambio de dependencia.

La mayor parte de los procesos que hemos podido consultar en diferentes archivos han versado sobre solicitudes que buscaban pasar de la jurisdicción regular a la ordinaria. Tal vez sea posible asociar esta tendencia a la mayor libertad que podía suponer la jurisdicción diocesana, en muchas ocasiones más alejada y distante, lo que podía garantizar una mayor autonomía de actuación para las religiosas. Sin embargo, esta misma situación también podía resultar excesiva, lo que pareció animar a las carmelitas descalzas de Fuente de Cantos,19 sujetas a la orden de Santiago, y a las de Talavera la Real,20 dependientes del obispado, para tratar de pasar a la jurisdicción de su orden.21 Posiblemente fue la ausencia de comunidades masculinas en el momento de las fundaciones lo que explica estas sujeciones, si bien es cierto que un informe de la época sobre el estado de la orden del Carmen manifestaba la posibilidad de que, aun en la lejanía, los conventos de monjas dependiesen de los carmelitas. Esto podía generar descontentos en cuanto a la atención recibida, en cuyo caso se recomendaba ceder la comunidad a la jurisdicción ordinaria.22

En esta ocasión, las cartas de ambas comunidades fueron remitidas por el nuncio a la congregación acompañadas de su propia opinión respecto a este caso, en la que manifestó que las religiosas no tenían motivos para dichas solicitudes porque no se aportaban denuncias o críticas que apoyasen sus pretensiones. Únicamente argumentaban en favor de los carmelitas apoyándose en las recomendaciones de santa Teresa, en la supuesta mejor atención que recibirían de parte de ellos por compartir las mismas reglas y constituciones.23

En cualquier caso, parece que uno de los principales motivos empleados por la Nunciatura para animar a la negativa del cambio jurisdiccional tuvo que ver con el propio contexto social de España, marcado por el auge de las reformas ilustradas y el aumento de las críticas a los regulares.24 Según exponía el nuncio, todo el país y especialmente la Corte, el Consejo y los magistrados se oponían a la sujeción de los monasterios de religiosas a los regulares.

Este clima de rechazo se fue fraguando a lo largo del siglo, con críticas y medidas de reforma que llevarían a la expulsión de la Compañía de Jesús y a las desamortizaciones, ya en los albores del cambio de centuria. En este contexto, es posible apuntar que la negativa buscaba reducir la influencia, en este caso, de los carmelitas descalzos, conservando la jurisdicción diocesana sobre el convento de Talavera la Real y la de la orden de San Juan sobre el de Fuente de Cantos. En cualquier caso, debemos señalar que esta predilección de sujeción al ordinario por parte de las autoridades civiles no fue una constante en la época moderna y se fue adaptando a las circunstancias de cada momento. Tal fue la situación en 1623, cuando llegó a España un breve que sometía a todos los conventos femeninos a la autoridad diocesana, cuya aplicación fue frenada por Felipe IV.25

Por otro lado, los problemas internos de los carmelitas, respecto a algunos escándalos juzgados por la Inquisición en sus conventos femeninos, también fueron usados por la Nunciatura para argumentar su posición,26 llevando todo ello al rechazo de cambio jurisdiccional por parte de la congregación. Es posible plantear que el calado político y el declive moral que se apuntaba acerca de los miembros de la orden tuvieran más peso que las razones aportadas por las religiosas respecto a la supuesta mejor atención espiritual que recibirían por parte de estos frailes.

Todo este expediente, además de este aparente interés de las religiosas por contar con la atención espiritual de los miembros de su orden, nos permite plantear el modo en que las tensiones políticas de la época se reflejaban y afectaban al devenir de la vida conventual. Aunque la actividad política de otras comunidades de religiosas ha sido más evidente y estudiada,27 no es posible negar la inserción de los conventos en las corrientes de cambio de la época, lo cual podía conllevar beneficios o trastornos para la comunidad.

Es así como podemos señalar la presencia de estas comunidades en el juego político del momento, ya que tampoco podemos perder de vista el hecho de que, casi con total seguridad, las religiosas estaban al tanto de los cambios sociales que se estaban viviendo en la sociedad y la influencia que, especialmente la parte masculina de su orden, estaba perdiendo. Aunque las comunidades femeninas también se vieron afectadas por las medidas ilustradas, tal vez su fama social no se había visto todavía tan mermada como la de los religiosos, lo que pudo animarlas a tratar de ganar cierto favor de su entorno hacia ellos intentando someterse a su jurisdicción. Esta posibilidad que, lamentablemente no podemos afirmar con seguridad por la ausencia de fuentes que lo certifiquen, sí nos permite sugerir los presumibles contactos que se dieron con los carmelitas descalzos que, como mínimo aceptaron la propuesta de las religiosas antes de que estas se dirigiesen a sus todavía superiores. Si estos contactos fueron previos y estos religiosos las animaron a tomar estas medidas o fue iniciativa de las propias religiosas tampoco podemos responderlo, del mismo modo que también es posible que no buscasen una mejora de la imagen social de los religiosos de su orden, sino que simplemente y como manifestaron en su carta, considerasen que estos las dirigirían mejor. Los dos últimos casos de esta propuesta, que presentaremos en las siguientes líneas, son más extensos y aportan otras perspectivas que permiten una mejor aproximación al devenir de cada uno de los procesos.

En primer lugar, presentaremos el proceso del convento de agustinas de Nuestra Señora de las Nieves de Córdoba,28 sujeto al convento de San Agustín de la misma ciudad. Este expediente, cuyos acontecimientos se desarrollaron en la década de los años 60 del siglo XVIII, se localiza íntegro entre los expedientes datados de 1784,29 si bien se indica su existencia entre los legajos de 1765 con un escueto folio.30 Esta reubicación fue consecuencia de una solicitud de 1784 de una copia del breve que en 1766 certificó el paso de la jurisdicción regular a la ordinaria.

El proceso original se dilató algunos años, constando de documentación emitida entre 1763 y 1767, aunque el conflicto comenzó con anterioridad y se vio resuelto antes, en 1766, cuando se emitió el breve que certificaba el cambio jurisdiccional, si bien la producción documental se extendió algo más en el tiempo debido a diversas desavenencias internas. Este caso nos ha permitido plantear cómo los argumentos respecto a la mala atención y los comportamientos inadecuados con las religiosas fueron empleados para justificar los deseos de separación ya que, los acontecimientos permiten sugerir que el origen del conflicto fue el resultado de un cruce de potestades y jurisdicciones.

Los primeros documentos que hemos podido consultar, datados en 1763, están encabezados por la priora, Lucía Dávalos que, en nombre de la comunidad, solicitaba un cambio de jurisdicción para pasar de la sujeción al convento de San Agustín a la del obispo de Córdoba. Esta demanda fue dirigida al obispo, Martín de Barcia,31 insistiendo en diversos abusos de los religiosos, demasiado cercanos a algunas monjas, y a faltas en la atención espiritual por la ausencia de sermones y de confesores extraordinarios incluso en el lecho de muerte. Sin embargo, el obispo señaló no poseer la competencia para aceptar su petición, por lo que las exhortó a mantener la obediencia que debían a su orden. El proceso continuó y llegó a Roma en 1765, donde la priora se dirigió al cardenal de Santobono32 y reiteró las denuncias respecto a la atención espiritual. Así, desde Roma se solicitó un informe de las desavenencias, que fue elaborado por el arzobispo de Sevilla33 y enviado en agosto de 1765.

Este informe da las claves para entender el conflicto, que comenzó en 1762 a raíz de la entrada de dos niñas en el convento como educandas.34 La comunidad de religiosas las aceptó, pero no se logró el permiso del provincial. El padre de las niñas decidió tomar partido y solicitar el permiso de entrada a la Sagrada Congregación de obispos y regulares, los cuales se la concedieron, y fue puesto en ejecución por el obispo de Córdoba, Martín de Barcia. Como respuesta el provincial emprendió diversas consultas y reclamaciones, pues no se había respetado su potestad sobre la comunidad. Finalmente, en agosto de 1763 el prior, mandado por el provincial, acudió al convento para asegurar la salida de las niñas, para lo que forzó su entrada en la clausura. La tensión aumentó, expresando las monjas su descontento y ofendiendo al prior, que llegó a amenazar con golpearlas. Las religiosas llamaron al obispo, pues consideraron que, siendo quien había permitido la entrada de las niñas, debía estar presente en la salida, sin embargo, fueron el prior y sus compañeros los que se vieron forzados por el provisor a salir de la clausura y a desistir en sus propósitos. Las niñas permanecieron unos días más en el convento, pero acabaron siendo sacadas de él por su padre. Sin embargo, el malestar derivado del enfrentamiento perduró, llevando a la división de la comunidad en dos grupos: uno compuesto por quince religiosas que pretendían cambiar de jurisdicción, el otro formado por cinco que abogaban por mantener la sujeción regular. A esto se sumó la discordia con los superiores agustinos, que también tomaron represalias.

Uno de los primeros episodios de conflicto que siguieron tuvo lugar con la celebración de nuevas elecciones para priora, en las que el provincial señaló que no podía llevarlas a cabo si las religiosas no se arrepentían y disculpaban por su comportamiento previo. Las quince contrarias se negaron, por lo que no hubo elecciones y se mantuvo a la prelada, generando también inestabilidad en la comunidad por la negativa de las cinco religiosas enfrentadas a obedecerla.

En esta coyuntura, los religiosos trataron de forzar su retractación y arrepentimiento a través de medidas respecto a la atención espiritual del grupo de las quince, que vieron como aumentaba la solicitud de limosnas para dar las misas, se les negaban predicadores que habían sido aceptados por la priora, se forzaba la salida de su confesor ordinario obligándolas a confesar con el de las cinco afectas, etc. Mientras que las cinco que permanecieron fieles a la jurisdicción regular mantuvieron su atención y adhesión, que incluso se vio incrementada, llegando estos a animarlas en su desobediencia a la superiora. El grave descontentó llevó al arzobispo a recomendar en su informe sujetar el convento al diocesano, pues no consideraba posible restituir «aquella primitiva armonía».35

Este enfrentamiento nos anima a plantear diferentes cuestiones que se destilan de la documentación, de las acusaciones y argumentos empleados. En primer lugar, cabe insistir en los orígenes de la pugna, que parecen relacionados con un cruce de potestades en el que se vieron enfrentadas jurisdicción regular y ordinaria36 y en los que se enfrentó el deseo de las monjas de decidir respecto a las integrantes de su comunidad, con la potestad del provincial como superior al que debían obediencia. No es este, ni lo será, el único caso de cambio de jurisdicción que se vio animado por negar autonomía y capacidad de decisión a las religiosas. La comunidad de la Encarnación de Ávila también comenzó un enfrentamiento contra sus superiores cuando estos tacharon de nula la segunda elección de Teresa de Jesús como priora. Las monjas llegaron a ser excomulgadas y, aunque consiguieron que se aceptase su elección en 1578, los rifirrafes con los carmelitas llevarían a su paso a la jurisdicción ordinaria, ya en 1631 (Vigil 1986, 231-235).

En este sentido, retomando el caso cordobés, parece plausible apuntar la posibilidad de que las religiosas a favor de la entrada de las niñas estuviesen al tanto de las medidas del padre, o incluso lo animasen a pedir los permisos pertinentes a Roma y aprovechar la jurisdicción que el obispo tenía también sobre el convento para ejecutar la resolución. Esto, en cierto modo, podía plantearse como una forma de desobediencia hacia el prelado directo, pero también una forma de ejercer cierta libertad de decisión en el interior de la comunidad. Se manifiestan así las tensiones que se dieron en los conventos femeninos contra las jerarquías, así como las respuestas que se dieron y las gestiones que motivaron.

Además, de ser real el apoyo de la comunidad al recurso a Roma, también supondría un modo para que la priora hiciese efectiva su autoridad y potestad en el gobierno en su comunidad, que, si bien es cierto que estaba coartada por sus superiores, en muchas ocasiones debió sortear y negociar con los límites impuestos para poder garantizar lo que consideraba mejor y más adecuado para su comunidad (Atienza López 2013a, 2019). En este caso, el modo en que la priora ejerció esta potestad quedó claro cuando el conflicto estalló y emprendió las solicitudes pertinentes para el cambio de jurisdicción.

En este sentido, cabría sopesar el uso que la prelada dio de los diferentes episodios y acontecimientos para conseguir el cambio de dependencia que deseaba. Tal vez con el objetivo de ganar una mayor libertad de actuación, lo que, en ocasiones iba asociado a la jurisdicción ordinaria, como veíamos líneas arriba. En este caso, nos interesan especialmente los argumentos que empleó respecto a la confesión, ya que son causas empleadas y reiteradas en otros pleitos jurisdiccionales.37

Las demandas de la priora comenzaron en 1763 aludiendo a lo que, desde su punto de vista, eran faltas en la atención espiritual de la comunidad, algunas iniciadas entonces y otras de tiempo atrás. Denunció cómo el prior había negado a una religiosa la licencia para confesar con quien quisiera en su lecho de muerte; la falta de confesores extraordinarios; también señaló los abusos de los religiosos en su trato con las monjas, que eran frecuentes y prolongados; criticó el encarecimiento de las misas; la imposibilidad de conseguir sermones adecuados, etc. Es decir, expuso las medidas que habían iniciado sus superiores como medida coercitiva para conseguir someter a la comunidad, pero sin señalar el conflicto previo, lo que hacía pensar que estas faltas no eran un castigo, sino una práctica habitual.

El hecho de que sumase a sus denuncias acontecimientos que habían tenido lugar años antes, concretamente en 1744, cuando se negó la confesión extraordinaria a la religiosa enferma, nos invita a preguntarnos si este episodio fue recuperado como reclamo para secundar la necesidad de un cambio jurisdiccional, no siendo denunciado en su momento porque no tuvo lugar en un contexto conflictivo o porque los enfrentamientos todavía no habían llegado a su momento de mayor ebullición. En cualquier caso, en vista de los diferentes argumentos y cómo se apoyan en la atención espiritual y en la confesión, se nos plantea la posibilidad de que una mala gestión en la salud de las conciencias fuese considerado un motivo suficiente para asegurar un cambio de sujeción, y que las religiosas fuesen conscientes de esa realidad, animándose así a recuperar incidentes acaecidos tiempo atrás.

De este modo, los argumentos usados por las monjas podrían considerarse como una versión de la realidad, su versión, destinada a los oídos de sus superiores, eclesiásticos que debían preocuparse por su atención espiritual y para los que las faltas en la libertad de confesión, en los abusos denunciados, etc., debían generar la suficiente respuesta como para consentir el cambio de jurisdicción. La imagen social de la época respecto a la sumisión y dependencia de las monjas puede animar a pensar que su bienestar espiritual, indispensable para que pudiesen asistir al resto de la sociedad con su oración permanente, diese un peso específico a los argumentos sobre la mala praxis en su dirección espiritual, animándolas así a usar este argumento, incluso episodios lejanos en el tiempo, para garantizar la respuesta de las jerarquías en su favor.

Se muestran así los recursos que las religiosas tenían para tratar de defenderse y solucionar sus problemas, pues, ante la falta de asistencia en el lecho de muerte, cuando años después otra monja volvió a necesitar de esta asistencia extraordinaria, debido a la posibilidad de no conseguir el permiso, se decidió ayudarla a bajar al confesionario en secreto, donde la esperaba el confesor con el que ella quería tratar. Después volvió a la cama y falleció a los pocos días sin que los religiosos supiesen lo ocurrido.38 Este tipo de episodios, así como el recurso al obispo para tratar de conseguir su mediación en un enfrentamiento con sus prelados, nos muestran elementos de la vida cotidiana conventual en la que las religiosas tenían sus propios medios para defender lo que consideraban adecuado para ellas.

Esta capacidad de actuación también quedó demostrada en la continuación del conflicto, ya que, como mencionábamos antes, la comunidad quedó dividida. Las quince religiosas a favor del cambio, encabezadas por la priora, tomaron las medidas citadas, pero las cinco opuestas a él tampoco cesaron en sus actuaciones. Mantuvieron la comunicación con los religiosos, se les concedió un confesor particular para ellas; desobedecieron los mandatos de la superiora, para lo que fueron apoyadas por los religiosos; dejaron de asistir a los actos de comunidad y al coro en señal de protesta, llegando incluso a poner pasquines en el convento contra la priora y las demás religiosas y, cuando el traslado de la jurisdicción fue efectivo, tampoco se rindieron.39

El provincial de Andalucía, el padre maestro fray Ciriaco de Toledo,40 al aceptar el cambio de jurisdicción puso como condición que las cinco religiosas que no lo querían recibiesen de vuelta sus dotes y pudiesen trasladarse a otro convento bajo la jurisdicción de la orden, pero desconocemos si se llegaron a cumplir estos requisitos.41 Lo cierto es que ellas presentaron recursos al obispo para ello, pero desde Roma se había indicado que podían elegir confesor que no fuese regular ni de su orden. De este modo, como el obispo no proveyó de los confesores que deseaban, recurrieron con un nuevo memorial a la Sagrada Congregación, aunque no hemos podido comprobar cómo concluyó su caso. Cabría preguntarnos si llevaron a cabo estas acciones de forma autónoma o animadas por los religiosos, del mismo modo que podríamos valorar si su actuación durante el proceso estuvo mediada por ellos.

Hemos visto cómo, entre las críticas de la priora al comportamiento de los frailes, se mencionaban la excesiva conversación y confianza con las cinco monjas opuestas al cambio, los favores que recibían por parte del prior, así como se acusaba a estos religiosos de animarlas a desobedecer a la prelada y no atender a sus mandatos, lo que nos permite hablar de la polarización que los religiosos y los confesores ejecutaron en el interior de los claustros. Pudieron animar a la enemistad y al enfrentamiento, en lugar de buscar su pacificación. Independientemente de quién iniciase la desobediencia, ya fuese iniciativa propia de las cinco monjas o instigadas por sus confesores, lo cierto es que sí es posible plantear que se dio cierto consenso entre ellos, ya que las cinco religiosas no rectificaron y la buena sintonía que mantuvieron con los frailes parece indicar que a estos les parecía bien su actuación, no llamándolas a la paz y el perdón.

En la misma línea, podríamos plantearnos si las medidas apelativas que después emprendieron fueron animadas por sus confesores o motu proprio, pero, en cualquier caso, actuaron de la forma que consideraron adecuada, haciendo gala de los recursos que tenían para intervenir en su propio devenir, ya fuese ensalzando la figura de los frailes o incrementando los enfrentamientos directos a través de pasquines en el claustro. Ambas opciones plantean el modo en que negociaron contra aquello que creían abusivo, del mismo modo que el grupo de las quince también uso los medios a su alcance, en este caso tal vez de mano del obispo y de los diferentes recursos de apelación, para luchar contra aquello que consideraban un exceso.

También los religiosos y superiores actuaron y emplearon sus recursos para tratar de conseguir la sujeción de la comunidad en su favor, pudiendo plantearse, por un lado, la presión por parte del prior y del provincial a través de la confesión y, por otro, el sigilo con el que el arzobispo de Sevilla quiso actuar para evitar conflictos.

La actuación de los agustinos estuvo enfocada a lograr el sometimiento y la derrota de las religiosas contrarias, para lo que no dudaron en discriminar en su trato a la comunidad, favoreciendo a las afectas. Tal vez por ello también las animaron a actuar en el convento, a generar una mayor inestabilidad que dificultase la convivencia y animase a buscar soluciones más rápidas, pues los recursos de apelación se dilataban más en el tiempo. Debían, en este caso, llegar hasta Roma, ser estudiados, respondidos y aplicados, lo que todavía podía alargarse mucho más si se solicitaban diferentes informes.

Parece plausible afirmar que el prior trató de recuperar a las religiosas condicionando su libertad de conciencia, para lo que despidió al confesor que durante años había tratado a las quince, manteniéndolas durante meses sin asistencia y forzándolas a tratar con el confesor de las adeptas.42 El incremento de la limosna por la misa, la que no daban de no satisfacerla, obligó también a la priora a pedir a otros sacerdotes que la ejecutasen, lo que nos muestra también la perseverancia de ambas partes. Según se indica, la prelada no cedió en el pago, buscando sacerdotes por su cuenta, si bien un año después el prior volvió a mandar religiosos para dar las misas sin solicitar la limosna. Otra forma de presión tuvo que ver con la elección de los predicadores, decisión que en teoría concernía a la priora y debía contar con la aprobación del prior, pero este optó por enviar a otro distinto, de su favor y amigo de las religiosas fieles a la orden, el cual mezclaba sátiras con comentarios salidos de tono hacia las afectas. A través de ambos ejemplos es posible atisbar un trato diferenciado, condicionado por las simpatías y las parcialidades, que insiste en el trato discriminatorio como un recurso empleado por el prior y los religiosos agustinos en sus tensiones con las religiosas, en ese tira y afloja del que saldrían, en este caso, vencidos.

Son muchos los temas que es posible trabajar a través de este proceso. Hemos mencionado y destacado algunos, pero podríamos tratar muchos más. Uno en el que no hemos ahondado guarda relación con la privacidad y el secretismo que es posible observar, no solo en el propio tratamiento del caso en Roma o en su conservación en un apartado privado, sino también en su elaboración. El memorial presentado por el arzobispo de Sevilla, que citábamos como fuente clave para poder conocer los inicios del conflicto, también recalcaba haberse elaborado con sigilo.43 Esto nos lleva a conjeturar acerca del cuidado que las jerarquías eclesiásticas ponían en no iniciar escándalos, posiblemente en un intento por mantener una imagen de paz y estabilidad que permitiese garantizar, en cierta medida, el prestigio de ambas comunidades religiosas, tratando de no dar publicidad a un proceso que solicitaba el fin de la dependencia de las monjas, teóricamente como consecuencia de la mala práctica en la atención espiritual, y que, de hacerse público, podía hacer notorias las acusaciones y conflictos entre ambas partes.

El último expediente que vamos a presentar es el que inició en 1775 el Real Convento de Mercedarias Descalzas de Madrid, conocido como el de «las Góngoras»,44 para pasar de la jurisdicción de los mercedarios calzados del convento de Santa Bárbara, también en Madrid, a la dependencia del arzobispo de Toledo.45 Al contrario que en el caso anterior de las agustinas del convento de las Nieves de Córdoba, los orígenes de este conflicto no parecen relacionados con disputas entre autoridades, si bien sí se inscribieron en la tendencia de rechazo hacia las órdenes religiosas que se extendió durante el siglo XVIII español. Así, entre las críticas presentadas en nombre de las religiosas al nuncio de Madrid y por este a Roma y al rey, se entremezclaban las cuestiones espirituales y temporales, criticando tanto la práctica confesional llevada a cabo por los religiosos como su gestión económica de las rentas conventuales.

Las religiosas, a través del presbítero Miguel de Cervera, se dirigieron en diciembre de 1774 a la Cámara Real, desde donde, ya entre febrero y marzo de 1775, se mandó al nuncio apostólico de Madrid que organizase una visita a la comunidad.46 Esta labor fue, a su vez, delegada en el mismo Miguel de Cervera.47 Es en el primer informe de este religioso, el de 1774,48 en el que aparece el temor, supuesto o no, de las religiosas a recibir represalias de llegar los religiosos a conocer las medidas que estaban emprendiendo, motivo por el cual en este primer informe se mantuvo su anonimato. Las religiosas, tal vez reconociendo quiénes iban a ser los destinatarios de sus misivas, optaron por mostrarse desconfiadas y preventivas ante las posibles represalias de los frailes.

Los informes elaborados señalan que los religiosos habían sobrepasado los términos de la fundación real, faltando a las constituciones y normas que habían entregado a las religiosas en cuanto a la observancia y la disciplina. Las faltas contra la castidad fueron algunas de las más denunciadas, especialmente en cuanto a los comentarios lascivos que supuestamente los religiosos hacían en el confesionario a las monjas más jóvenes y a las más bellas, llegando, según los testimonios, a instruirlas en la parte sexual de la vida conyugal y a solicitarlas. Las propias monjas señalaban en sus respuestas que no se atrevían a pronunciar algunas de las palabras escuchadas durante sus confesiones, por lo que preferían responder por escrito.

Añadían también la mala práctica confesional, argumentando no haber recibido consuelo espiritual, ni tampoco haber sentido una mejoría en su devenir espiritual, pues no les orientaban en la oración ni les permitían mortificaciones. A esto se sumaba la falta de libertad para confesar, incluso extraordinariamente, ya que cuando alguna de las religiosas solicitó el permiso para poder confesar fuera de la orden la tildaron de «loquilla».49

Todas estas acusaciones llevaron a la división de la comunidad. Catorce de las religiosas denunciaron las actitudes de los frailes y buscaron soluciones a sus abusos, pero las trece restantes preferían mantenerse bajo su sujeción, si bien confirmaron también los incidentes y el comportamiento de los religiosos en ellos, pero minimizando su importancia. Finalmente, todas las religiosas consensuaron y las veintisiete estuvieron de acuerdo en pasar a la jurisdicción diocesana. Cabría preguntarse qué mediaciones se hicieron para que la facción afín a los religiosos cambiase de opinión y cuál fue el papel de los eclesiásticos en ello, pues, como veremos a continuación, pareció existir cierta predisposición de las jerarquías hacia la autoridad ordinaria.

Por último, los argumentos para solicitar el cambio de jurisdicción también trataron el tema económico, pues según los examinadores, las prácticas de los frailes en el gobierno temporal habían llevado a la «pérdida de la hacienda y rentas del citado Real Convento y en perjuicio y desprecio del Real Patronato».50

Más allá de la veracidad o no de los argumentos esgrimidos por las religiosas, hay otras cuestiones que se perciben a través de la lectura de la documentación. Por un lado, podríamos plantear el interés de estas autoridades eclesiásticas por «proteger» el patronato regio, por tratar de impedir que este perdiese su prestigio asegurando la sujeción de la comunidad al obispo de Toledo. Este interés por favorecer los intereses del monarca parece probable si valoramos la insistencia del nuncio, Luigi Valenti Gonzaga, por la separación, tal vez en un intento por mantener el favor del rey a través de la defensa de la reputación de esta fundación real, en un contexto marcado por el reajuste de las relaciones Iglesia-Estado.51

En esta misma línea, es destacable que la mayor parte de la documentación conservada en este proceso fue elaborada por hombres. Es cierto que cualquier pleito de estas características, en su mayoría, contiene una gran parte de documentación de su autoría, ya que la parte burocrática corría de su mano. Sin embargo, en otros procesos es posible notar un mayor acercamiento a las religiosas, a sus declaraciones, además de contar con cartas y misivas firmadas por algunas monjas o por la priora. No es así en este caso, tal vez como resultado de ese interés particular por el beneplácito real.

Las diferentes cédulas, elaboradas por Miguel de Cervera; por el nuncio apostólico, remitidas a Roma o al Rey; por el ministro Manuel de Roda y Arrieta,52 que informaba a Carlos III de las medidas tomadas; parecen mostrar cierta predisposición por conseguir el cambio de jurisdicción, señalándolo así en repetidas ocasiones. Es más evidente que este convento, tal vez por las particularidades de su fundación, estaba mucho más influenciado por el devenir político y las reformas de la época que los presentados previamente.

Diversos comentarios denotan esta predisposición a creer las acusaciones contra los religiosos. Por ejemplo, el nuncio, en su mandato para efectuar la visita apostólica del convento señalaba «evite no solo cualquiera relajación, si también los excesos y malos tratamientos de los religiosos superiores, que tienen a su cargo la dirección y gobierno espiritual de las precitadas religiosas»,53 sentencia que parece apuntar una existencia real y no supuesta de los excesos y abusos que se habían denunciado. Esta inclinación a creer en las faltas de los religiosos parece confirmarse en un informe remitido a Roma en el que se señalaba que los abusos en la comunidad se habían extendido durante años, sin que los diferentes confesores o provinciales tratasen de erradicarlos, «per cui sembra che siano radicati nell’ordine stesso mali».54 El rechazo pasa, a través de esa afirmación, a afectar a toda la orden de la Merced, no solo a la comunidad de Santa Bárbara.

Tal vez todo este interés por separar al convento de las Góngoras de la dependencia de los regulares de la comunidad de Santa Bárbara fue el que animó al ministro Manuel de Roda a insistir al nuncio acerca de la importancia de conseguir una bula papal que permitiese el cambio de forma inminente, sin dar pie a que los religiosos concertasen una audiencia en la que defenderse, «para evitar así los inconvenientes que pudieran seguirse de lo contrario»,55 y atendiendo solo, para justificar las medidas tomadas, a la información reservada aportada por las religiosas.

Por otro lado, esta tendencia parece ser reconocida también por la propia orden de la Merced que, a través de un memorial rechazaba las acusaciones, pero decidía ceder la dirección del convento de las Góngoras sin mayor disputa. De nuevo, las medidas del provincial de la orden nos plantean varias posibilidades: que fuese consciente de la veracidad de las acusaciones y decidiese no actuar; que, de saber que estas eran falsas, reconociese la coyuntura de oposición a la que se enfrentaba y fuese consciente de las amplias posibilidades de perder, en cualquier caso, la potestad sobre el convento; o, por último, que supiese que las denuncias respecto a la gestión de lo temporal y, especialmente, respecto a las faltas en la práctica confesional, independientemente de su veracidad, tenían un impacto demasiado elevado como para poder ser redimidas. Lo cierto es que el nuncio ya había manifestado previamente sus esperanzas acerca de que los religiosos renunciasen por sí mismos al monasterio «per salvare la loro fama, e di tutti ql’ordini regolari»,56 por lo que también pudieron existir sugerencias externas que animasen a la decisión final del provincial.

Finalmente, con el beneplácito del nuncio, de la Santa Sede y de la propia orden de la Merced, así como del Rey,57 el 11 de enero de 1776 se emitió el breve de separación por el cual el Real Convento de Mercedarias Descalzas de Madrid quedaba separado de la orden y pasaba a la jurisdicción del arzobispado de Toledo,58 siendo posible plantear la inclusión de este convento en un momento histórico caracterizado por el cambio, por la aplicación de medidas ilustradas y por unas relaciones entre la Santa Sede y el Estado que afectaron al devenir de esta comunidad de religiosas.