Durante las primeras décadas del siglo XX, los católicos sociales, y los principios que estos defendían, fueron la base del funcionamiento de los tribunales tutelares de menores, así como de los centros de reforma y protección destinados a la «infancia abandonada». La llegada del franquismo supuso un nuevo contexto que favoreció la radicalización de estos postulados al calor de una dictadura que ejercía el control social a través de la religión y la moral católica. En este sentido, a partir del análisis de los expedientes del Tribunal Tutelar de Menores de Zaragoza, pretendemos conocer cómo el género, la moral católica y la religión formaron parte esencial de los acuerdos adoptados por parte de estas instituciones.
In the early decades of the 20th century, social Catholics, and the principles they supported, were the basis for the functioning of the juvenile courts, as well as the reform and protection centres for «abandoned children». The arrival of Franco’s regime brought about a new context which favoured the radicalisation of these postulates in the context of a Dictatorship which exercised social control through Catholic religion and morality. By analysing the files of the Juvenile Court of Zaragoza, we aim to know how gender, Catholic morality and religion formed an essential part of the agreements adopted by these institutions.
El origen de los tribunales tutelares de menores se produjo en un contexto, nacional e internacional, entre finales del siglo XIX y la primera década del siglo XX, en el que, las ideas reformadoras sobre la protección a la infancia se extendieron y primaron entre médicos, higienistas, pedagogos, penalistas, criminalistas, etc. Se trataba de sacar al menor del sistema represivo de los adultos para que le fuera aplicado un sistema regenerador, de manera tal que pudiera ser reinsertado en la sociedad y no se convirtiese en un delincuente habitual. Se creó, en este contexto, una jurisdicción especial cuyo resultado fue, por un lado, la inaplicación de penas y castigos a los menores y, por otro lado, la adopción de otro tipo de acuerdos que podían llegar a significar el internamiento de los menores en una institución de corrección y reforma (
como consecuencia del nacimiento de un Derecho que puso de manifiesto la ineficacia del sistema represivo aplicado al tratamiento de la delincuencia infantil. Es una jurisdicción especial que no ha encontrado contradicciones.
Y, obedeció a la menor edad de los infractores, en cuyo caso se considera oportuno sustituir la represión, que utilizan los tribunales ordinarios, por la educación y reforma de los infractores (
La historiografía española ha dedicado poca atención a la infancia como objeto de estudio. Pese a este poco interés historiográfico, sí podemos mencionar a dos historiadoras pioneras que centraron su trabajo en esa infancia «abandonada y delincuente» y analizaron expedientes individuales de tribunales de menores. Hablamos de Marta
Para la elaboración de esta investigación se han analizado más de 3.000 expedientes del Tribunal Tutelar de Zaragoza, correspondientes al período 1940-1948. Creemos que el estudio del Tribunal Tutelar de Zaragoza se justifica porque, en primer lugar, fue uno de los primeros en iniciar su recorrido (y abarcaba también a la provincia de Huesca) y, por tanto, punto de referencia para los creados después. En segundo lugar, porque no ha sido analizado hasta la fecha, ya que tanto los historiadores, como los expertos en Derecho y otras disciplinas parten de 1948 para sus estudios sobre los tribunales tutelares. En tercer lugar, porque todos los miembros del Tribunal Tutelar de Menores de Zaragoza y, también, los delegados de protección a la infancia pertenecieron al catolicismo social. Algunos de ellos tuvieron cargos y gran influencia a nivel nacional como, por ejemplo, Manuel Lasala. Y, en cuarto y último lugar, porque llena un vacío historiográfico importante. Todos los expedientes individuales, desde 1921 a 1992, están en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, íntegro, sin analizar y, por tanto, ha permanecido inédito hasta la fecha.
La hipótesis que defendemos es que en el Tribunal Tutelar de Menores de Zaragoza hubo diversos sesgos de clase, género y moral, tanto en el tratamiento otorgado por parte del tribunal, como en los acuerdos adoptados para los menores. Y que, pese al avance de la legislación republicana en materia de derechos para las mujeres, hubo más continuidades que rupturas en el funcionamiento de los mismos durante el primer tercio del siglo XX. Una existencia previa de los citados sesgos que, durante los primeros años de dictadura, fueron de la mano de una mayor represión y de un nuevo carácter totalizador del modelo protector y de reforma, bajo el dogma nacionalcatólico.
Para poder demostrar esta hipótesis se ha estructurado este artículo del siguiente modo: en primer lugar, abordaremos el nacimiento de los tribunales tutelares, su organización y la ideología que inspiró su funcionamiento en las primeras décadas del siglo XX. En segundo lugar, trataremos las continuidades y los cambios que estos sufrieron tras 1936. En tercer y último lugar, expondremos una serie de casos que nos ayudarán a entender la experiencia vivida por las menores en un sistema donde la adaptación a los principios de la moral católica eran el objetivo fundamental y donde sufrieron importantes sesgos basados en el género y la clase.
La necesidad de una justicia para niños se empezó a plantear a principios del siglo XX y se abordó desde una doble perspectiva: por un lado, la de filántropos, protectores de la infancia, que clamaban por sacar al niño de las cárceles, donde creían que realmente se corrompía hasta llegar a ser «delincuente profesional».
El auge de las denuncias del movimiento proteccionista por la despreocupación y olvido de la sociedad de esta «infancia abandonada y marginal» fue el punto de partida de la creación de órganos de tutela del menor y de que se decidiese sobre sus infracciones, faltas o delitos de forma independiente de la justicia ordinaria, como fueron los tribunales para niños, creados en otros países de nuestro entorno (
La aparición de este movimiento a favor de la infancia determinó que se realizasen congresos específicos sobre pedagogía, derecho penal o criminología y que se publicaran las primeras normas que pudieran favorecer la situación de los menores, desde la
Por el deseo de establecer unos órganos jurisdiccionales específicos para el menor, tanto para el inadaptado socialmente como para el abandonado y necesitado de protección […] sacándole definitivamente del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, sobre todo, del sistema penitenciario común.
La reforma que resulta fundamental para el período estudiado en este artículo se produjo gracias al Real Decreto Ley de 13 de febrero de 1929 de organización y funcionamiento de los tribunales tutelares de menores y, su Reglamento, de la misma fecha. Esta legislación estuvo vigente hasta 1948, año en el que se publicó el
Conocer los delitos, faltas e infracciones cometidos por los menores de quince años, después dieciséis, bien correspondiesen al Código Penal o Civil. Esta era la llamada Facultad de Reforma y corregimiento.
Suspender el derecho de los padres o tutores a la guarda y educación de los menores, pudiendo privar de la guarda y custodia a aquellos padres que «abandonasen la educación de sus hijos». Era la denominada Facultad Protectora del tribunal que se extendería a los supuestos de abandono más habitual, el desamparo, el dedicar a los hijos a la mendicidad o cuando existiese peligro de corrupción por las actividades de los padres, especialmente la de las madres.
En relación directa con lo anterior, existía el Enjuiciamiento de Mayores, de padres o tutores, cuando se producía ese abandono, dedicación a la mendicidad o lo que el tribunal entendía por «perversión de los menores», supuesto en el que estos serían amparados por la Facultad Protectora.
El tribunal podía encargar el cuidado de un menor a su familia, a otra persona o sociedad tutelar en los supuestos de adopción de la medida de libertad vigilada; o el ingreso en un Establecimiento benéfico particular o del Estado, en los supuestos de Facultad Protectora o de Reforma.
Los acuerdos de estos tribunales, en los supuestos de la Facultad de Reforma, podían consistir en el sobreseimiento y archivo del expediente, en una simple amonestación del menor, que este fuera entregado a sus padres bajo la vigilancia de un delegado/a de protección a la infancia o que ingresase en un reformatorio (para los niños y adolescentes) o asilo-convento (para las niñas y adolescentes). Se debía realizar un seguimiento del menor a través de los informes de los delegados de protección a la infancia y los informes pertinentes firmados por el director, el médico y el pedagogo del reformatorio para acordar su libertad definitiva, libertad vigilada o que se mantuviese el internamiento. En los expedientes sobre la Facultad Protectora o tuitiva, bien se acordaba sobreseer y archivar el expediente o dictar las medidas cautelares más beneficiosas para el menor y, en este sentido, se suspendía el derecho del padre/madre o de ambos a la guarda y educación de sus hijos y se confiaba su custodia a un asilo para su protección hasta que se modificasen las circunstancias perniciosas para el menor. En los supuestos de Enjuiciamiento de Mayores, el acuerdo consistía, bien en la reclusión en casa durante unos días, bien en el pago de una multa, la medida más habitualmente adoptada (
Respecto a los principales artífices y agentes de esta jurisdicción especial, debemos decir que la pugna entre el reformismo laico, representado por la Institución Libre de Enseñanza, por un lado, y el catolicismo social, por otro, se inclinó de parte de los segundos. Tanto las instituciones de tutela, desde el Consejo Superior de Protección a la Infancia, las juntas provinciales y locales, hasta los tribunales tutelares estuvieron dirigidas, desde sus inicios y hasta su desaparición en el año 1992, por personas que pertenecían al llamado catolicismo social.
La naturaleza de estos tribunales era colegiada, formados por un presidente, un secretario y varios vocales (dos en Zaragoza), asistidos y ayudados por los delegados de Protección a la Infancia, unos cargos que, en España, fueron voluntarios y no retribuidos. En el caso del Tribunal Tutelar de Zaragoza, podemos destacar a Patricio Borobio, médico pediatra y presidente del tribunal; Rudesindo Nasarre, jurista miembro de la Audiencia Provincial de Zaragoza y secretario del tribunal; Manuel Lasala, catedrático de Derecho Penal, miembro del Consejo Superior de Protección de Menores y presidente del tribunal; José Guallart, catedrático de Derecho Penal y presidente del tribunal; José Tamayo, maestro y pedagogo, realizaba informes tanto para el tribunal como para el Reformatorio del Buen Pastor; Ramón Rey Ardid y Jorge Sánchez, médicos psiquiatras que emitían informes tanto para el tribunal, como para el reformatorio, o Ana Borderas, viuda de Royo Villanova (única mujer que formó parte del tribunal en el período 1921-1948), pertenecientes todos ellos al catolicismo social. También participaban en el sistema los agentes de vigilancia adscritos al tribunal y, las instituciones auxiliares previstas.
A partir del análisis de los expedientes del Tribunal Tutelar de Menores de Zaragoza, vemos cómo se mantiene, durante la primera mitad del siglo XX, una continuidad tanto en la apreciación de las infracciones, faltas y delitos cometidos, como en los acuerdos adoptados para los menores.
Este sesgo de clase (entre el 96 y el 97 % de las menores que pasaron por el Tribunal Tutelar de Menores de Zaragoza, desde su creación en 1921 hasta 1948, pertenecían a las clases más bajas de la sociedad y, dentro de ellas, entre el 10 y el 12 %, que se incrementó al 13,8 % entre 1940 a 1948, vivían en la indigencia) (
La vida irregular y reprensible de algunas madres irredimibles o irredentas, es comúnmente, el fondo negro de estos cuadros (…) se nos presentan como invariables y lamentables rasgos, el completo abandono de la educación moral e intelectual y el descuido más triste y mísero de la vida toda del niño (
Esto era así porque las mujeres eran vistas por el catolicismo social como las guardianas y transmisoras de la moral de la familia. La pésima visión que el tribunal tenía de las madres se extendía a sus hijos, especialmente a las menores a las que se les exigía una moral intachable:
Los menores mostraban el influjo de diferentes factores criminógenos en la conducta antisocial del niño y hacía hincapié, bien en familias con graves problemas, bien en la inmoralidad o anormalidad sexuales, más en las chicas y, en algunas, la deficiencia (
Respecto al sesgo de clase, Gumersindo de
Pese al avance de la legislación republicana en materia de derechos para la clase trabajadora y para las mujeres, el funcionamiento de los tribunales tutelares, de sus instituciones de reforma, la legislación vigente continuó sin modificaciones respecto al periodo anterior.
La guerra civil y la dictadura no supusieron un cambio fundamental en el funcionamiento de los tribunales tutelares de menores. La ideología inspiradora de los mismos y su funcionamiento básico continuaron a pesar del impacto del conflicto armado. Asimismo, los católicos sociales siguieron al frente como en épocas anteriores resistiendo, una vez más, los diferentes vaivenes políticos y sobreviviendo a la intervención y depuración de la estructura preexistente llevada a cabo por la Obra de Protección de Menores que ejercía sus funciones a través del Consejo Superior de Protección de Menores, del que formaron parte Inocencio Jiménez y Manuel Lasala, ambos católicos sociales zaragozanos.
Este control renovado y sistematizado se ejerció a través de varias iniciativas e instituciones. En primer lugar, las antiguas delegadas de Protección a la Infancia fueron sustituidas por las visitadoras sociales de la Junta Provincial del Patronato de Protección a la Mujer, siendo ahora las encargadas de vigilar a las menores una vez que estas salían de los asilos o conventos donde eran recluidas.
En segundo lugar, se estableció una correa de transmisión entre los tribunales tutelares y el Patronato de Protección a la Mujer, sobre todo, a partir de 1941.
En tercer lugar, una pequeña modificación de la Ley, en 1940, introdujo la posibilidad de actuación del tribunal sobre lo que se consideraba «menores de dieciséis años indisciplinados», en el caso de que estos hubieran cometido «actos de insumisión».
Estas nuevas atribuciones e iniciativas tenían su justificación en el nuevo contexto socioeconómico marcado por la autarquía, donde la escasez, el hambre y la miseria se convirtieron en el día a día de amplias capas de la población (
Tanto las nuevas atribuciones de los tribunales como el contexto socioeconómico hicieron que la justicia que afectó a las menores fuera un espacio privilegiado en el que poder explorar los juicios sexistas y los basados en la moral católica vertidos contra las niñas y jóvenes con el objetivo de analizar el modelo de «ser mujer» que la dictadura intentó convertir en hegemónico (
El perfil característico que pasó por el Tribunal Tutelar de Menores de Zaragoza entre 1936 y 1948, responde a una niña o adolescente entre los seis y dieciséis años, la cual se consideraba que había infringido la ley, por la comisión de una infracción, falta o delito, o cuya conducta escolar y social no se ajustaba a los parámetros mencionados anteriormente. La inmensa mayoría, un 85 % de media según los períodos, pertenecía a las llamadas clases populares y entre un 10 % y un 12 % a familias que vivían en la miseria más absoluta, la inmensa mayoría en las ciudades porque en el campo tenían más fácil acceso a los alimentos y a la leña.
Teniendo en cuenta este contexto social y con el objetivo de demostrar que la falta de una moral católica fue el factor determinante para el sistema tutelar, vamos a acompañar a las menores a través de las diferentes etapas que tuvieron que atravesar dentro de esta estructura. La primera parada se corresponde con la entrada de las niñas y las adolescentes en este procedimiento que se podía producir, principalmente, de dos maneras. La primera lo era por la denuncia directa de un progenitor o un familiar. A este respecto, podemos poner como ejemplo el caso de un padre que denunció a su hija de diez años porque era «ingobernable y rebelde». Según él, era imposible «hacerse con ella», además, «se fugaba de casa con frecuencia».
Como podemos observar, en ambos casos, los padres de las menores denunciaron a sus hijas a los tribunales porque estas no se adaptaban al modelo de comportamiento femenino que se esperaba en la época. Aunque puede sorprender que los propios padres iniciaran las denuncias, son numerosos los estudios que destacan que, en el caso de las adolescentes y las niñas, era común que sus propios parientes iniciaran las denuncias que las llevaban ante un tribunal tutelar (
La segunda vía de entrada era que la policía, después de advertir la comisión de unos hechos determinados o, ser informados por las celadoras u otras personas, trasladara la denuncia al tribunal que iniciaba el correspondiente expediente. Además, como hemos explicado anteriormente, tras unas modificaciones legales en 1940 se le dio el poder de actuar sobre niñas o adolescentes que cometieran faltas de insumisión o de respeto hacia sus padres. Este es el caso de dos hermanas, de doce y catorce años, las cuales, en 1947, fueron denunciadas al tribunal por reñir entre ellas por dar de comer a unos animales. Tras la investigación se determinó que las menores «sufrían el abandono de los padres, no frecuentaban la escuela ni la Iglesia, y llevaban una vida deplorable y pordiosera». Aunque el proceso se inició por una cuestión que puede considerarse menor, las averiguaciones hicieron que al final las niñas fueran internadas en el asilo-convento de las madres oblatas, siendo trasladadas más tarde al Colegio de María Inmaculada, dirigido por una orden especializada en formar a niñas para el servicio doméstico.
Una vez que se había impuesto una denuncia en contra de una menor, el siguiente paso era el estudio del caso por parte del tribunal. Esta investigación incluía la conducta de la menor, la práctica de la religión, tanto de ella como de su familia, sus antecedentes político-sociales, asistencia o no a la escuela y su comportamiento en ella, el ambiente familiar y social en el que se desarrollaba su vida y la de su familia, incluido el trabajo, y los posibles «vicios» achacados a la menor. Si era necesario, se realizaba una investigación complementaria en la que se acudía al testimonio de vecinos, maestros, cura-párroco, etc. Y, por supuesto, también se investigaban los actos cometidos que habían iniciado la denuncia. El tribunal realizaba el llamado «examen» de la menor, que, en realidad, era un interrogatorio en el que la niña o adolescente se encontraba sola ante sus miembros. Con toda la información recabada, bien el presidente, bien el tribunal en pleno, llegaban a un acuerdo basado en los antecedentes de hecho y la fundamentación jurídica.
En el transcurso de este procedimiento, se puede examinar cómo las menores eran calificadas mediante observaciones a las que los niños y adolescentes varones no tenían que hacer frente, dejando en evidencia el sesgo de género que poseían los componentes de estos órganos. Algunas frases, entresacadas de dos expedientes del tribunal de Zaragoza, las describen como presas de «pulsiones a la holgazanería, a vagar, a presumir, quizá son seres sexuales», o exponían que era una «mujer avezada» de la vida, de «malicia interna», «no tiene perversidad de sentimientos», pero está pronta a tenerlos, va tras lo que le agrada «sin reparar en las relaciones morales».
A estos juicios de valor se añadía, en no pocas ocasiones, la concepción de que estas menores eran el «producto» o resultado de tener unas madres marcadas por una moral irregular, unas mujeres «pendencieras» que no atendían a sus hijas ni las educaban en los valores católicos.
Tras la investigación e interrogatorio pertinente se dictaba el acuerdo del tribunal. Es en este punto donde las menores se vieron más agraviadas respecto a los menores ya que a ellas se les exigía un plus de honradez como futuras esposas, madres o cuidadoras del hogar.
Como puede observarse, existe un agravio comparativo entre ambas resoluciones ya que, a pesar de que los hurtos fueron mucho más continuados en el tiempo y más graves, ya que el niño llegó a robar a su propia madre, su «castigo» fue bastante menor. Además, de nuevo la religión jugó un papel fundamental, ya que el menor sí asistía a la eucaristía y a un centro educativo religioso, a la vez que su familia era calificada de solvente a nivel moral y, por tanto, religiosa. Otro ejemplo que ratifica esta conclusión es el caso de dos menores, ambos de nueve años que «fueron sorprendidos en un corral cuando habían conseguido dos gallinas». El acuerdo del tribunal, de 25 de septiembre de 1940, concluía que «de la información obtenida sobre los menores que asisten a la escuela con buen comportamiento y practican la religión, es suficiente una amonestación».
En esta misma línea, se observa el peso que la religión tenía en el caso de las niñas y adolescentes para la elección de una medida de corrección u otra. Este es el caso de los expedientes incoados a dos niñas de catorce y once años por sustraer carbón de una estación de ferrocarril para llevarlo a sus casas. En el informe, el agente de policía manifestaba que «tanto las menores como sus familias, tienen creencias religiosas y las practican, son de buena moralidad. Las menores habían asistido a la escuela, la mayor de ellas durante ocho años con buen comportamiento y ahora trabajaba en una pastelería». En atención a estas circunstancias, el tribunal entendió que procedía una medida leve y acordó «una amonestación ante sus padres».
Al acuerdo adoptado le seguía la ejecución del mismo. A partir de este punto las menores podían seguir diversos caminos dentro del sistema. Uno de los más habituales era el internamiento en un asilo-convento para su corrección y reforma. Este podía llegar a extenderse hasta los veinticinco años en función de la conducta y los informes de las propias religiosas (
Antes de decidir el «asilo» en el que iban a ser internadas, el primer paso era su tránsito por el Centro de Observación y Clasificación en Madrid, dirigido por religiosas trinitarias y dependiente de la Junta Nacional del Patronato. En este lugar, y una vez visto el expediente, la menor era recluida en un centro u otro del país. Este destino podía no ser el final hasta la libertad, ya que muchas transitaron por diversos asilos de la geografía española, acompañadas siempre por asistentes o visitadoras sociales del Patronato a las que no se les exigía título alguno para desempeñar esas funciones ya que era suficiente con ser «católica practicante». Estas órdenes religiosas femeninas, sobre todo las oblatas y las adoratrices, contaban con una dilatada experiencia en el internamiento y reforma de mujeres y adolescentes, para cuya redención habían desarrollado una metodología muy particular: «largos silencios, quietud prolongada, monotonía de ocupaciones, castigos humillantes, comidas en silencio, filas, uniformes, internamiento riguroso» (
En esta alianza entre el Patronato y la religión se articuló una verdadera deformación del concepto «protección» que evolucionó cada vez más hacia el de represión. Las congregaciones religiosas y los métodos empleados por ellas se convirtieron en la clave de bóveda de toda la estructura de la institución correctora. Según nos explica
Además, en estos centros las mujeres no solo se dedicaban a las tareas anteriormente descritas destinadas a su corregimiento y redención, sino que muchas fueron víctimas de la explotación laboral que otorgó a estas congregaciones religiosas suculentos ingresos. De acuerdo con lo referido en una de las cajas del archivo del Tribunal Tutelar de Zaragoza, queda confirmado el hecho de que, en Madrid, las menores internas trabajaban en fábricas de pequeña estructura, sobre todo textil, como por ejemplo El Corte Inglés (fundado el 28 de junio de 1940), pero también en Majórica y Unipapel. También existe constancia de que participaron en el lavado y planchado de ropa para grandes empresas y hoteles de lujo. En Zaragoza, las madres oblatas llegaron a ser propietarias de una fábrica de chocolate, lo que nos permite deducir la obtención de ingresos a través del trabajo de las menores internadas en su asilo-convento. La vida de las internas en estas órdenes religiosas se circunscribía al trabajo, muy duro, la oración y el adoctrinamiento a través de la religión.
Si las menores tenían suerte y no eran clasificadas dentro de este grupo de «incorregibles», eran enviadas en la propia Zaragoza a otro tipo de centros entre los que destacan dos. El primero es el Colegio de la Inmaculada dirigido por las religiosas de María Inmaculada. Esta orden estaba especializada en la formación de mujeres, provenientes de las clases populares, para el servicio doméstico (
Una vez que las menores conseguían abandonar estos centros la medida adoptada más frecuente era la libertad vigilada, como la mejor y más eficaz manera de llevar a cabo la intervención y control exhaustivo de las menores y sus familias. Además, esta labor se vio reforzada por las ya mencionadas visitadoras sociales. Debido a la mala situación económica en la que se encontraba el país (lo que provocó que los tribunales tutelares no dispusieran del suficiente dinero para sostener una amplia red de centros de internamiento de niñas y adolescentes) debemos decir que en muchas ocasiones se optó precisamente por esta libertad vigilada y no por largas estancias en las instituciones de corrección y reforma. En estos casos, el destino de estas jóvenes solía ser, como ya se ha mencionado, el servicio doméstico, el retorno al hogar familiar, o, en el mejor de los casos, según la perspectiva de la época, el matrimonio.
La situación de libertad vigilada podía extenderse en el tiempo y durar un buen número de años. Este es el caso de una menor de catorce años y en el de una niña de doce que, tras salir del asilo-convento tuvieron que vivir en libertad vigilada. Una de ellas, que vivía con su abuela, desde 1948 a 1956. En ambos casos, la voluntad clara era la de vigilancia y control sobre las niñas y jóvenes, a pesar de ser expedientes en los que aplicó la Facultad Protectora.
Los tribunales tutelares se crearon a comienzos del siglo XX al amparo del reformismo, entre corrientes filantrópicas y protectoras con la finalidad de poder garantizar una mayor protección de la infancia, especialmente la más vulnerable. Desde la creación de esta jurisdicción especial, en 1918, tanto las principales instituciones de tutela y reforma como los tribunales tutelares estuvieron dirigidas por diferentes órdenes religiosas y personas pertenecientes al llamado catolicismo social. En los primeros años de funcionamiento del Tribunal Tutelar de Zaragoza (1921-1935), el género, la clase social y la moral fueron los paradigmas distintivos del trato a las menores. Estos cánones se exacerbaron durante la dictadura franquista, período en el que se incrementó el porcentaje de menores pertenecientes a las clases populares que pasaron por el Tribunal Tutelar de Menores de Zaragoza.
Hemos podido constatar que el Tribunal Tutelar de Menores de Zaragoza actuó de forma subjetiva al atender más a la moralidad y religiosidad de los menores y de su ámbito familiar y social, que a las infracciones, faltas o delitos cometidos por ellos. En los casos concernientes a niñas y adolescentes, las medidas incluidas en los acuerdos fueron desproporcionadas en relación con los casos protagonizados por menores varones, los cuales padecieron una amonestación o, directamente, archivaron su expediente, mientras que las menores en situaciones iguales o similares sufrieron una medida de internamiento o de libertad vigilada durante años.
Hubo más continuidades que rupturas en el funcionamiento de los tribunales tutelares durante la primera mitad del siglo XX. No obstante, a partir de la guerra civil y el primer franquismo evidenciamos algunos cambios que, aunque no alteraron en exceso la composición y el funcionamiento del sistema, sí que supusieron que este adquiriera un carácter totalizador del modelo de reforma y protección. Las discontinuidades que se evidencian durante el franquismo tuvieron que ver con una mayor represión, la instauración del dogma nacionalcatólico y un nuevo carácter totalizador del modelo protector y de reforma.
A pesar de que el porcentaje de niñas y adolescentes que pasaron por el tribunal tutelar siempre fue muy inferior al de los niños, las fuentes documentales evidencian la existencia de una discriminación de las niñas y adolescentes respecto a los varones, sobre todo en los expedientes de reforma, en los que los acuerdos, en situaciones similares o casi idénticas, fueron más duros para las mujeres que para los hombres, porque a aquellas se les exigía un plus de honradez como futuras esposas, madres y cuidadoras del hogar. La discriminación también fue patente en los supuestos de Facultad Protectora que, para las menores y adolescentes, supuso un lastre para el resto de sus vidas. La situación de las menores empeoró y, mucho, a partir de 1941, cuando los tribunales contaron con el Patronato de Protección a la Mujer, un auténtico eufemismo, porque nunca fue un organismo de protección sino de represión. Una institución de trabajo extenuante y un verdadero sufrimiento para las jóvenes incluidas en el sistema, que fueron trasladadas de un lugar a otro sin poder apelar a un sistema legal digno, sin ninguna garantía jurídica. El Patronato y su red de centros regentados por órdenes religiosas como las oblatas, las trinitarias y las adoratrices, las celadoras y la nueva figura de las visitadoras sociales, cuya labor fue inestimable, sobre todo, en las situaciones de libertad vigilada, fue fundamental en el funcionamiento de los tribunales del primer franquismo. Este entramado estuvo destinado en última instancia al corregimiento y control de las menores y sus familias, adaptando su comportamiento a los principios de la moral católica y al arquetipo de mujer que intentaba imponerse en la inmediata posguerra.
Estos planteamientos, tanto de protección como de control de la infancia, fueron transversales a todas las corrientes políticas y filosóficas, desde el conservadurismo al republicanismo, desde el krausismo al positivismo y el reformismo.
En España, fueron fundados tras una serie de viajes a Estados Unidos y Bélgica, uno de los países europeos pioneros en su implantación (
La ley de 1918 fue reformada por Decreto-Ley de 15 de julio de 1925, ley y reglamento (Real Decreto) de la misma fecha, que elevó la edad de los menores a dieciséis años para fijar el límite de actuación de la jurisdicción de los tribunales tutelares. También modificó el tiempo de internamiento de aquellos en un centro de reforma, reformatorio o asilo, antes establecido en un año y, ahora, sin límite de tiempo. Se cambió la denominación de
Artículos 3 a 6 de la Ley de 25 de noviembre de 1918.
Arts. 74 a 94 y 95 a 100 del Reglamento de la ley, aprobado por Real Decreto de 10 de julio de 1919.
Arts. 101 a 105 del Reglamento de 1919.
Arts. 106 a 115 del Reglamento de 1919.
Únicamente podía decretarse el ingreso del menor en un Establecimiento del Estado cuando aquel hubiera ejecutado el acto punible con discernimiento, y, para ello era necesario que el tribunal adquiriese el convencimiento pleno de la evidente «perversidad del menor» (
Archivo de la Real Academia de la Historia. Fondo Giner de los Ríos y de la Institución Libre de Enseñanza, 1914.
Artículos 1 y 25 del Reglamento de 1919. En principio, solo fue obligatorio el Reformatorio y la Casa de Observación.
Esta continuidad fue demostrada documentalmente, mediante el análisis, con la inclusión de datos concretos y los gráficos correspondientes, de expedientes individuales del Tribunal Tutelar de Menores de Zaragoza desde 1921, fecha de su constitución, y que se plasmaron en mi tesis doctoral, bajo el título
Decreto de 30 de junio de 1931, por el que se elimina la existencia del Consejo Superior de Protección a la Infancia, pero sin modificar la organización y funcionamiento de los tribunales tutelares.
Esta pasó a depender del Ministerio de Justicia y no del de Gobernación.
En el caso de los menores, los encargados pasaron a ser el Patronato de San Luis Gonzaga de los Padres Jesuitas.
Decreto de 6 de noviembre de 1941 por el que se organiza el Patronato de Protección a la Mujer, Boletín Oficial del Estado número 324 de 20 de noviembre de 1941, pp. 9080-9081.
En el caso de Zaragoza, las niñas en esta situación fueron internadas en centros de dos tipos, aunque ambos marcados por la religión como forma de moralización. Por un lado, los de naturaleza privada representados por el Colegio de la Inmaculada y el Colegio de los Ángeles Custodios. Por el otro, los de naturaleza pública, en este caso el Hogar Pignatelli, dependiente de la Diputación de Zaragoza. No obstante, las niñas de este último centro vivían bajo la atenta mirada de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana (
Ley de 13 de diciembre de 1940. De organización de los tribunales tutelares de menores, BOE número 358 de 23 de diciembre, pp. 8788-8789.
Convocando exámenes para tomar parte en un curso abreviado de formación de celadoras, BOE número 298 de 25 de octubre de 1942, p. 8.557
Aplicamos aquí el concepto «zona de riesgo» en el mismo sentido que
Entre 1940 y 1948 bajó hasta el 18,4 %, de acuerdo con lo analizado y calculado en los expedientes del AHPZ.
De ahí que el sesgo de clase, ya preexistente, como demuestran los datos extraídos de los expedientes del tribunal, se exacerbara aún más en circunstancias de hambre y miseria entre 1940 y 1948.
Gráficos y datos de elaboración propia, de los que sacamos los porcentajes reflejados, a partir del análisis de los expedientes del AHPZ.
La prostitución femenina, sobre todo la clandestina, aumentó exponencialmente en la inmediata posguerra (
El tribunal comprobó el hecho de que no asistía a la escuela y vagaba por las calles, por lo que acordó su ingreso «durante el tiempo que fuera necesario» en el asilo de las oblatas. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ), Signatura A 37260 exp. 102 de 1941.
En este caso, la menor estuvo cinco años en el asilo de las madres oblatas. AHPZ, Signatura 37258, exp. 35 de 1941.
Tras dos años internadas, pasaron a situación de libertad vigilada en 1949 que se mantuvo, en ambos casos, hasta la mayoría de edad. AHPZ, exp. 215 y 216. 1947.
AHPZ, Signatura 37260, exp. 78 de 1941.
AHPZ, Signatura 37270, exp. 372 de 1941
AHPZ, exp. 70. 1943.
Por ejemplo, AHPZ, exp. 206. 1936.
En 1949, se acordó la libertad vigilada hasta la mayoría de edad, los 23 años. AHPZ, A 37313 exp. 66. 1943.
Un caso similar es el expediente incoado por lesiones, en 1948, contra una menor de catorce años que terminó en libertad vigilada «por el ambiente en el que viven, sus padres amancebados cuando no hay impedimento para que se casen, practican la religión de ciento a viento para orientar su conducta». Se mantuvo la situación de libertad vigilada hasta 1954. Un acuerdo de este calibre, en un expediente de lesiones, casi siempre accidentales, no se dio en los casos de un menor varón, en los que se solía acordar una simple amonestación. AHPZ, A 36989, exp. 266. 1948.
AHPZ, Caja 187, A 36788, exp. 75. 1944.
AHPZ A 36970, exp. 83 de 1940.
AHPZ, A 37260, exp. 105 y 106. 1941.
AHPZ, A 37311, exp. 407. 1942.
Es la misma situación que la menor detenida por la sustracción de conejos y gallinas. En el informe se añadió que pertenecía a una familia de reconocida honradez y de buena moralidad. También, en este caso, el tribunal acordó su pase a la situación de libertad vigilada, sin añadir ningún otro castigo ni decretar el internamiento en un asilo. AHPZ, A 37311 y 37313, expedientes 7 y 51. 1943.
A 37558, «Tesorería, Archivo General y Circulares del Consejo Superior de Protección a la Infancia», Junta Provincial de Protección de Menores, 1942.
Esta orden religiosa también colaboraba con Auxilio Social en Zaragoza, acogiendo a las niñas huérfanas de la provincia. Este es el caso del testimonio de Bárbara Beamonte, a la cual también prepararon para el servicio doméstico y cuyo testimonio fue recogido por
Así se expresaba el presidente de la Diputación de Zaragoza al respecto: «No parece, sino que nos dediquemos a fabricar muchachas de servicio».
AHPZ, A 37821, exp. 270 de 1940, A 37258, exp. 45 de 1941 y A 37533, exp. 89 de 1947.
AHPZ, A 36989, exp. 273 y 275. 1948.
La autora de este artículo declara no tener conflictos de intereses financieros, profesionales o personales que pudieran haber influido de manera inapropiada en este trabajo.
María Pilar Rodrigo Catalán: conceptualización, curación de datos, análisis formal, investigación, metodología, recursos, validación, redacción - borrador original, redacción - revisión y edición.